Alertan a Gobernación de Caldas sobre ilegalidad del Acuerdo 015

jhon_james_marinEl Acuerdo 015 de 2010 debatido en el Concejo de Chinchiná y que fija altas contribuciones para subsidiar servicios públicos es ilegal y para la situación de los comerciantes hay más opciones sin que esto implique sobrecostos en su facturación. El Concejal Jhon James Marín del Movimiento MIRA, instó a la Alcaldesa de Chinchiná para que objetara por ilegalidad el Acuerdo 015 de 2010 (Proyecto 037) aprobado por la corporación el día lunes 06 de septiembre que establece los factores o porcentajes de aporte solidario en los servicios públicos domicilios de acueducto, alcantarillado y aseo para los usuarios residenciales del estrato 5, comerciantes e industriales mediante una contribución sobre los consumos del servicio en su facturación del 50% para los primeros y del 30% para el sector industrial. Asimismo, alertó a la Gobernación del Departamento sobre la inminente ilegalidad de este Acuerdo:

“Es claro que este acuerdo no podía ser aprobado en estas condiciones; y por eso el movimiento solicitó permiso argumentado para no votarlo, además porque la Administración antes de imponer semejantes porcentajes de contribución a los comerciantes debía considerar otras normas como el Decreto 565 de 1996 que en su artículo 14 habla que dentro de las fuentes de financiación de los subsidios también se encuentra lo recaudado por impuesto predial en un tope del 10%, porque si a eso vamos con la descarada actualización catastral del año pasado, lo justo sería también retribuirle a la gente del municipio algo de lo que por ley le corresponde como son estos subsidios sin afectar la carga contributiva del comercio que cada día lucha por mantenerse a flote. Este acuerdo debe ser objetado por ilegalidad por parte de la Alcaldesa antes de ser sancionado; en todo caso, ya se ofició al Gobernador para que tome medidas si no hay retractación.”  Puntualizó.

Lo anterior para enervar las facultades, atribuciones y deberes conferidos al Gobernador por el Artículo 82° de la Ley 136 de 1.994 avocado por el artículo 305 numeral 10° de la Constitución Política de Colombia cuando dice que son atribuciones del Gobernador (entre otras): Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez.

El edil expresó que a la luz del fallo de la sección cuarta del H. Consejo de Estado que anuló los porcentajes que tenía el Decreto 057 de 2006 y que se aplican hoy en el acuerdo 016,  el “factor” o “tope de contribución” constituía un impuesto para cuyo establecimiento debe respetarse el principio de legalidad tributaria,  que consiste en la predeterminación del tributo, según el cual “una ley previa y cierta” debe señalar los elementos de la obligación. Al haber sido declarado nulo el Decreto 057, el Consejo de Estado y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante circular de agosto de 2010 determinó que el porcentaje a aplicar era el del artículo 89.1 donde dice que estos topes no pueden superar el 20% del costo del servicio.

También aclaró que aunque el fallo sirve para fortalecer la autonomía de los municipios y departamentos por medio de los concejos y asambleas, esta autonomía no significaba la libertad para fijar la tarifa o porcentaje de la contribución para nuestros más de 1.300 comerciantes como lo interpretó la Administración, sino que esta autonomía se agotaba en el mismo momento en que los propios concejos o asambleas aprobaban esos porcentajes que ya la ley establecía.

Entrevista radial:

Escuche nuestro pronunciamiento

Lea el documento dirigido al gobernador en:

Comments

Accessibility
Cerrar