Anuncian demanda contra restricción del parrillero hombre en moto

Una acción de nulidad interpondrá la concejala del partido Mira, Ericka Ramos, contra el decreto de la Alcaldía que restringió la circulación del parrillero hombre en moto.
“La próxima semana la presentaremos al Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, porque agotamos la vía posible administrativa sin encontrar respuesta”, dijo.
Explicó que hace un mes, junto con representantes de asociaciones de motociclistas, desarrollaron una audiencia pública.
Allí, anotó, se hicieron presentes funcionarios de las secretarías de Tránsito y la Dirección de Justicia; les expresaron la posición al respecto de la medida que, al contrario de declinarse fue ampliada recientemente a toda la ciudad.
Sustento
Entre los argumentos que maneja la concejala en contra del acto administrativo está que la ley le permite a las autoridades municipales dictar, únicamente, normas de carácter transitorio.
“Los decretos de Ibagué son permanentes a pesar de que intentaron subsanar el error jurídico en el último acto administrativo que emitieron, que va hasta el 31 de diciembre”, anotó.
Derechos adquiridos
Los derechos adquiridos por los conductores al momento de comprar la motocicleta es otro aspecto que esgrime la cabildante.
“Es para transportar dos personas, así o establece la tarjeta del vehículo y es increíble que mediante un decreto se restrinja dicha posibilidad”, acotó.
Ericka Ramos, además, calificó como “método facilista” el que la Alcaldía intente mitigar la inseguridad bajando de la moto el parrillero hombre.
Agrega que hay otras formas efectivas de atacar el problema como las aplicadas últimamente por la Secretaría de Gobierno, que van desde el fortalecimiento del pie de fuerza, al ofrecimiento de recompensa por los delincuentes.
“Ese tipo de acciones las celebramos, no las que afecten derechos fundamentales como al trabajo. El 80 por ciento de los motociclistas son de estratos Uno Dos y Tres”, finalizó.
Gobierno dice tener la razón
Acerca del anuncio de demanda contra el decreto del parrillero, el secretario de Gobierno, Edward Amaya, dijo que la concejala Ericka Ramos, está “en todo el derecho” de interponerla, pero ellos también de demostrar que “se tiene la razón”.
“Tomamos como sustento el artículo 315 de la Constitución, el 91, de la Ley 136 de 1994 y el Código Nacional de Policía faculta el tomar medidas cuando se requieran o consideren cuando se trata del bien común.
Adoptamos un decálogo de acciones para la seguridad y sólo una es restrictiva, pero parcialmente. En aras de no afectar a la comunidad no se tomó la decisión de prohibir todo tipo de parrillero y se dejó por fuera la persona que sea mujer y o menor de 14 años, porque sabíamos que generaría un problema de orden social”, anotó.
La criminalidad
Amaya reiteró que el acto administrativo está soportado con estadísticas de seguridad de las autoridades judiciales y de policía, que refleja, según él, “la realidad de la ciudad”, indicando que en próximos días, cuando cumpla el decreto un mes de vigencia, presentará los resultados. Aceptó que con la prohibición no acabarán con la criminalidad pero consiguen con ella “una notable disminución de la inseguridad en la ciudad”.
Incumplimiento
Entre los reclamos de la comunidad está que se siguen viendo parrilleros hombre y el Secretario de Gobierno calificó como “pésimo mensaje” una norma que no se cumple y aclaró que ha requerido a la Policía para que tanto los agentes de tránsito como los de vigilancia, u otras especialidades, velen por hacer valer las medidas.
El comunicado, que se adjudica el club “Solo Motos”, informa que las organizaciones mencionadas en el documento no tienen filiación política así como aclara que “el señor conocido como ‘Mocetón’ y el apodado ‘El Renegado’ no pertenecen” a ninguna de estas asociaciones. “No representan nuestros intereses, por tal razón y por ningún motivo, pueden considerarse como voceros de los motociclistas o hablar en representación nuestra”, asevera el documento.
Argumentos
Entre los puntos en contra de la restricción, expuestos tanto por los clubes de motociclistas como por la concejala Ericka Ramos, están:
1 No pueden prohibir la circulación de motocicletas con parrillero, porque este es un derecho adquirido al comprar su vehículo, incluido en su precio y que ha sido refrendado por el artículo Dos de la Ley 769 de 2002, que define la motocicleta como “vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y un acompañante”
2 La prohibición de transportar una persona distinta al conductor constituye por sí una flagrante violación del Artículo 58 de la Constitución Política, que consagra la inviolabilidad de los derechos adquiridos
3 El Parágrafo Tercero del Artículo Sexto de la Ley 769, modificada por la 1383 de 2010, establece que los gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales y los concejos no podrán, en ningún caso, dictar normas viales de carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al Código de Tránsito.
Contra restricción a venta de gasolina
Detrás de la iniciativa en contra de la prohibición del parrillero hombre están también clubes de motociclistas como Amigos Pulsar Tolima, FZ 16 Ibagué, GS 125 Ibagué y Solo Motos Ibagué.
Luego de sostener una reunión con la concejala Ericka Ramos emitieron un comunicado en que además de argumentar la ilegalidad del decreto (ver lista) expresaron reparos sobre la restricción a la venta de gasolina para motos después de las 7 de la noche.
“La determinación es tomada de manera unilateral e independiente por los establecimientos expendedores de combustible y actualmente se aplica a toda la ciudad. La medida no obedece a legislación alguna y es solo una decisión administrativa que viola el principió de libre comercio y los derechos de los usuarios de las motos”, señalan los clubes. Añaden que la situación afecta a estudiantes, trabajadores; los concesionarios de motos de Ibagué “se han mostrado preocupados por el tema y han citado a los gerentes de las respectivas estaciones de servicio con el fin de mediar en la búsqueda de una solución”. Advierten que de no tener eco su petición buscarán medios legales para combatir lo que calificaron como “discriminación comercial”.
motociclistas_ibague_webUna acción de nulidad interpondrá la concejala del partido Mira, Ericka Ramos, contra el decreto de la Alcaldía que restringió la circulación del parrillero hombre en moto.”La próxima semana la presentaremos al Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, porque agotamos la vía posible administrativa sin encontrar respuesta”, dijo.Explicó que hace un mes, junto con representantes de asociaciones de motociclistas, desarrollaron una audiencia pública.Allí, anotó, se hicieron presentes funcionarios de las secretarías de Tránsito y la Dirección de Justicia; les expresaron la posición al respecto de la medida que, al contrario de declinarse fue ampliada recientemente a toda la ciudad.SustentoEntre los argumentos que maneja la concejala en contra del acto administrativo está que la ley le permite a las autoridades municipales dictar, únicamente, normas de carácter transitorio.”Los decretos de Ibagué son permanentes a pesar de que intentaron subsanar el error jurídico en el último acto administrativo que emitieron, que va hasta el 31 de diciembre”, anotó.elnuevodia
Derechos adquiridosLos derechos adquiridos por los conductores al momento de comprar la motocicleta es otro aspecto que esgrime la cabildante.”Es para transportar dos personas, así o establece la tarjeta del vehículo y es increíble que mediante un decreto se restrinja dicha posibilidad”, acotó.Ericka Ramos, además, calificó como “método facilista” el que la Alcaldía intente mitigar la inseguridad bajando de la moto el parrillero hombre.Agrega que hay otras formas efectivas de atacar el problema como las aplicadas últimamente por la Secretaría de Gobierno, que van desde el fortalecimiento del pie de fuerza, al ofrecimiento de recompensa por los delincuentes.”Ese tipo de acciones las celebramos, no las que afecten derechos fundamentales como al trabajo. El 80 por ciento de los motociclistas son de estratos Uno Dos y Tres”, finalizó.Gobierno dice tener la razónAcerca del anuncio de demanda contra el decreto del parrillero, el secretario de Gobierno, Edward Amaya, dijo que la concejala Ericka Ramos, está “en todo el derecho” de interponerla, pero ellos también de demostrar que “se tiene la razón”.”Tomamos como sustento el artículo 315 de la Constitución, el 91, de la Ley 136 de 1994 y el Código Nacional de Policía faculta el tomar medidas cuando se requieran o consideren cuando se trata del bien común. Adoptamos un decálogo de acciones para la seguridad y sólo una es restrictiva, pero parcialmente. En aras de no afectar a la comunidad no se tomó la decisión de prohibir todo tipo de parrillero y se dejó por fuera la persona que sea mujer y o menor de 14 años, porque sabíamos que generaría un problema de orden social”, anotó.La criminalidadAmaya reiteró que el acto administrativo está soportado con estadísticas de seguridad de las autoridades judiciales y de policía, que refleja, según él, “la realidad de la ciudad”, indicando que en próximos días, cuando cumpla el decreto un mes de vigencia, presentará los resultados. Aceptó que con la prohibición no acabarán con la criminalidad pero consiguen con ella “una notable disminución de la inseguridad en la ciudad”.IncumplimientoEntre los reclamos de la comunidad está que se siguen viendo parrilleros hombre y el Secretario de Gobierno calificó como “pésimo mensaje” una norma que no se cumple y aclaró que ha requerido a la Policía para que tanto los agentes de tránsito como los de vigilancia, u otras especialidades, velen por hacer valer las medidas. El comunicado, que se adjudica el club “Solo Motos”, informa que las organizaciones mencionadas en el documento no tienen filiación política así como aclara que “el señor conocido como ‘Mocetón’ y el apodado ‘El Renegado’ no pertenecen” a ninguna de estas asociaciones. “No representan nuestros intereses, por tal razón y por ningún motivo, pueden considerarse como voceros de los motociclistas o hablar en representación nuestra”, asevera el documento.ArgumentosEntre los puntos en contra de la restricción, expuestos tanto por los clubes de motociclistas como por la concejala Ericka Ramos, están: 1 No pueden prohibir la circulación de motocicletas con parrillero, porque este es un derecho adquirido al comprar su vehículo, incluido en su precio y que ha sido refrendado por el artículo Dos de la Ley 769 de 2002, que define la motocicleta como “vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y un acompañante” 2 La prohibición de transportar una persona distinta al conductor constituye por sí una flagrante violación del Artículo 58 de la Constitución Política, que consagra la inviolabilidad de los derechos adquiridos3 El Parágrafo Tercero del Artículo Sexto de la Ley 769, modificada por la 1383 de 2010, establece que los gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales y los concejos no podrán, en ningún caso, dictar normas viales de carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al Código de Tránsito.
Contra restricción a venta de gasolinaDetrás de la iniciativa en contra de la prohibición del parrillero hombre están también clubes de motociclistas como Amigos Pulsar Tolima, FZ 16 Ibagué, GS 125 Ibagué y Solo Motos Ibagué. Luego de sostener una reunión con la concejala Ericka Ramos emitieron un comunicado en que además de argumentar la ilegalidad del decreto (ver lista) expresaron reparos sobre la restricción a la venta de gasolina para motos después de las 7 de la noche. “La determinación es tomada de manera unilateral e independiente por los establecimientos expendedores de combustible y actualmente se aplica a toda la ciudad. La medida no obedece a legislación alguna y es solo una decisión administrativa que viola el principió de libre comercio y los derechos de los usuarios de las motos”, señalan los clubes. Añaden que la situación afecta a estudiantes, trabajadores; los concesionarios de motos de Ibagué “se han mostrado preocupados por el tema y han citado a los gerentes de las respectivas estaciones de servicio con el fin de mediar en la búsqueda de una solución”. Advierten que de no tener eco su petición buscarán medios legales para combatir lo que calificaron como “discriminación comercial”.

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