Apostarían por descentralización. El Diario del Otún Pereira

AUDIENCIA-copiaLa capital risaraldense tendría una Dirección Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con un costo de funcionamiento de 3 mil millones de pesos anuales.

Así lo dio a conocer David Ramírez, director territorial de la Super, y quien fue invitado por el Mira para participar de la Segunda Audiencia Comunitaria de Servicios Públicos.

 

“Hasta hace unos pocos años había en Pereira una Dirección Territorial que no dependía de Medellín, entones la idea es volver a profundizar la descentralización, que acá tengamos una Dirección Territorial con toda la infraestructura, porque ahora solo tenemos un punto de atención con una abogada donde la gente puede tramitar una queja y recibir una asesoría”, dijo el funcionario.

Esta Superintendencia adscrita al Departamento Nacional de Planeación, está trabajando en el propósito de descentralizar las Direcciones, sin embargo el DNP, es el que se encarga de presentar construir la propuesta para luego ser tramitada en el Congreso de la República.

“Serían 25 abogados en Pereira como mínimo, y construir, comprar o alquilar una sede, estimamos que puede estar valiendo todo eso, alrededor de 3 mil millones de pesos cada año”, señaló Ramírez.

En la actualidad la vigilancia y la inspección de servicios públicos es compartida entre la Super y otras entidades en Risaralda.

“Nosotros somos revisores de los reclamos en segunda instancia, tanto de la queja inicial como de la apelación”, explicó el director territorial.

Energía
Tanto Ramírez como el senador Carlos Alberto Baena coincidieron en que la mayoría de reclamos que se están presentando en materia de servicios públicos domiciliarios, se dan exactamente en energía.

“El 75% de los reclamos en el Eje Cafetero por ejemplo presentan una consistencia en Caldas, Risaralda y Quindío, es la energía, las empresas de energía son empresas que recogen muchos reclamos porque los desarrollos normativos que vienen de las comisiones de regulación facultan a las empresas para recuperar pérdidas negras”, manifestó el funcionario.

De otro lado Ramírez aseguró que en comparación con el año pasado los reclamos en servicios públicos se están reduciendo. “Ahora lo que varía es la composición, los mayores reclamos están en energía”, precisó.

Baena, quien presidió la audiencia, sostuvo que se trata de un problema de fondo. “Hay que modificar la Ley 142 porque esta genera muchas ventajas para las empresas”, indicó.

Respecto a Risaralda, el senador no ocultó que no marchan bien las tarifas de energía.
“Por ejemplo en temas como consumo y desviaciones significativas, que una persona este consumiendo 30 mil pesos mensuales de agua y de un momento a otro le llegó un recibo por 100 mil pesos”, dijo el legislador.

Otro ejemplo que evidenció el parlamentario fue el cambio de medidor. “En Risaralda se los cambian porque hay modernización tecnológica y la Ley 142 dice que  es obligatorio para el usuario, y no debería ser así, y se supone que si hay modernización tecnológica, las tarifas deberían bajar, incluso hay varios casos de denuncias donde les empiezan a cobrar más y en casos anteriores les dicen que ya con el nuevo medidor se dan cuenta que le estaban cobrando mal,  son abusos, es un sistema en el que la Ley 142 le da todas las garantías y derechos a las empresas y le causa todos esos perjuicios y permite todos esos abusos contra los usuarios”, aseguró.

El parlamentario explicó que con la audiencia se trata de continuar escuchando a la comunidad y que se integren los representantes del Gobierno nacional como Superintendencia o Comisiones Reguladoras con las administraciones municipales y departamental para que haya soluciones concretas mientras se realizan modificaciones a la Ley 142.

 

Reclamos
La Superintendencia indicó que en el Eje Cafetero hay 300 reclamaciones, de las cuales 80 son solo de Pereira y sus alrededores. Lo que quiere decir que Pereira alberga un 70 % de los reclamos que se producen en Risaralda. Dosquebradas y Santa Rosa también presentan un alto grado de inconformidad en materia de servicios públicos.

Comments

Accessibility
Cerrar