Aprobado marco regulatorio en materia de Derechos Humanos de la Fuerza Pública

en_plenariaEl Gobierno Nacional asignará recursos con destinación específica para el entrenamiento en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Operacional a los uniformados.

Con ponencia favorable del senador Manuel Virgüez  (MIRA), la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto que crea un marco de políticas públicas para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en desarrollo del derecho operacional, bajo los lineamientos del respeto a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

El proyecto de ley establece los objetivos estratégicos que en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario servirán como políticas públicas para su respeto y garantía al interior de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como también en desarrollo de la misión constitucional que les compete.

Así mismo crea las directrices del Derecho Operacional que genere reglas de enfrentamiento para el uso de la Fuerza, adecuado a los niveles estratégicos y tácticos.

Se destaca que la educación, el entrenamiento y la difusión que se genere con estos recursos, se deberán brindar transversalmente en toda la Ciencia Militar y Policial y se dirigirá a todos los niveles del mando de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Además consagra que “el uso de la fuerza que les es lícito emplear a la Fuerza Pública para el adecuado cumplimiento de su misión constitucional, no debe exceder las posibilidades establecidas, puesto que el uso de la misma más allá de lo permitido por el derecho sería una expresión de violencia, por lo que los militares y policías deben usar la fuerza con apego absoluto al imperio de la Constitución y la Ley, principio consustantivo al Estado de derecho”.

Finalmente manifiesta que el Gobierno Nacional deberá liderar programas de formación en Derecho Operacional para los miembros de la jurisdicción ordinaria en especial Jueces y Fiscalía General de la Nación, así como a funcionarios de la Procuraduría General de la Nación en especial de aquellos funcionarios encargados de investigación y juzgamiento en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Esta iniciativa pasa a consideración de la Cámara de Representantes, para cumplir los dos debates reglamentarios, antes de convertirse en ley de la República.

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