Casa propia para vallecaucanos: el sueño que se volvió pesadilla

Otra forma de despojo de  vivienda es la que padecen cientos de vallecaucanos que invirtieron en proyectos de interés social todo lo que tenían para hacer su sueño realidad, tener casa propia, sin embargo esto no ha sido posible y hasta el momento solo deben conformarse con pasar por la casa modelo , verla y seguir soñando. Por ahora nadie responde.

 Aunque la denuncia apenas se escuchó la semana pasada en la sala de sesiones de la Asamblea Departamental, el fenómeno está ocurriendo en municipios del Valle del Cauca desde hace rato. Familias que invierten sus ahorros, los recursos que han guardado por años, en una cuota inicial que suele ser millonaria para hacer realidad el anhelo de tener vivienda propia, hacen todos los trámites y ya cuando está cada vez más cerca la posibilidad del techo para su familia, el sueño se desvanece.

 

Municipios como Pradera, Jamundí, El Cerrito, Calima Darién, Candelaria, Zarzal, La Victoria, Yumbo, Palmira e incluso Cali lo viven: proyectos de vivienda de  interés social que al principio se mostraron a la comunidad como los más viables en construcción, hoy en día son lotes abandonados con tan solo algunas paredes levantadas, y las obras más avanzadas ya están ocupadas por el afán de las familias de habitar su casa propia aunque estén mal construidas.

 

Las alarmas se han encendido en el Valle del Cauca, y las autoridades se han pronunciado paulatinamente después de años de denuncias de las familias afectadas, porque en varios de estos proyectos hay recursos que supuestamente han invertido las administraciones locales.

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El caso de Calima Darién, uno de los más “aberrantes”

El caso del municipio Calima Daríen ha sido calificado como “aberrante”. Casas sin terminar como lo evidencia la foto en una localidad donde el porcentaje de desempleo es muy alto  

Este fue el calificativo que se dio a los casos de viviendas mal construidas o sin construir en el Valle del Cauca, “aberrantes”, según la duma departamental porque es absolutamente evidente la negligencia de los responsables.

Uno de los casos más notables es el de varios proyectos en el municipio de Calima, que además del turismo, lo caracteriza la alta tasa de desempleo, lo que agudiza más la situación. Allí, el común denominador es el enorme esfuerzo de las personas que consiguieron los recursos para poder comprar su casa, la cual no ha sido entregada.

Según uno de los habitantes de la comunidad de esa localidad, Francisco Hurtado, hay tres proyectos de viviendas que pasan por lo mismo, estos son: El Rosalito, donde se había estimado beneficiar con vivienda propia a 300 familias, que invirtieron un total de $176 millones hace 16 años y las casas no fueron entregadas.

Los calimeños aseguran que en este caso fue la falta de voluntad política que no permitió que se adecuaran los servicios públicos para el sector. Esta es la hora que las 300 familias está esperando una solución para ellas, pero no han recibido respuesta.

Otro caso es el del proyecto El Bosque, casas que fueron levantadas pero no se terminaron. En la actualidad parecen casas fantasma: no están ocupadas, solo tienen algunas paredes arriba que, incluso, ya se están deteriorando.

Para Hurtado, que representa una parte de la comunidad afectada con la situación, uno de los casos más complejos y por el que piden una respuesta de la administración local es el proyecto Senderos del Lago, donde se invirtieron recursos de la alcaldía del orden de los $1.900 millones en 2011, o sea, en la pasada administración. Se pudo establecer que del proyecto no había diligencia legal alguna.

Los habitantes de Calima Darién reclaman una respuesta, teniendo en cuenta además que algunas de las soluciones habitacionales estaban dirigidas a personas en situación de desplazamiento y madres cabeza de familia, como el proyecto Senderos del Lago.

En el caso del proyecto La Ciudadela, se empezó hace 18 años y a pesar de todo este tiempo hay todavía 300 lotes sin construir y deficiencia en la prestación de servicios públicos domiciliarios.

 

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El diputado Ramiro Rivera es unos de los que han liderado las denuncias que ya se habían hecho en años anteriores sin obtener respuesta 

 

Lo del Valle es generalizado

Hablar de que 11 municipios donde se presenta el mismo problema con los proyectos de vivienda de interés social no es normal. Quienes han hecho el estudio de la situación aseguran que lo más probable es que esto ocurra en más municipios del departamento, lo que generaliza el problema en una región que requiere más que nunca vivienda para sus habitantes.

El diputado del Valle Ramiro Rivera, uno de los asambleístas que hizo la denuncia, cuestionó el paso de los años sin respuesta alguna. “Los vallecaucanos no son culpables de la pésima construcción de los proyectos, mientras tanto qué dicen las constructoras, cómo están las clausulas, cómo están las pólizas, quién mira estos proyectos”.

Rivera describió cada uno de los casos que hasta el momento son estudiados. En el caso de La Victoria, los proyectos son Urbanización El Conchal 1 y 2, con 100 unidades de vivienda. En informes de auditoría de la Contraloría Departamental hechos en el año 2009 se evidenc

ió la falta de cumplimiento de normas técnicas en cuanto a vías, andenes y  alcantarillado, proyectados para el desarrollo urbanístico de acuerdo con los planes de ordenamiento y esquemas básicos, aprobados para el municipio. La situación persiste.

Según las denuncias, para el caso de Candelaria los estudios muestran que no hay control efectivo, los lotes no son aptos y no se cumple con los requisitos de sismorresistencia.

En Buga, las anomalías se presentan en los barrios San José Obrero y Santa Rita, donde las casas tienen fisuras o grietas, probablemente por una mala compactación del terreno. Algunos de los usuarios aseguran que no se les estregó un subsidio departamental que se había prometido, y según estudios los terrenos son considerados no aptos porque tienen antecedentes de cultivos de riego.

En el caso de El Cerrito, la urbanización se llama Brisas de la Merced, hay familias que están esperando la entrega de su vivienda desde 2007, es decir, llevar seis años soñando con una casa que todavía no llega. La constructora Gryco no responde, las administraciones pasadas tampoco.

En Pradera, como en todos los municipios, también tienen problemas en  la urbanización Serrezuela: rebosamiento del alcantarillado aguas servidas, y agrietamiento en las paredes.

Para Palmira el informe contempla que la urbanización El Sembrador es uno de los casos palpables, en el transcurso de la ejecución del proyecto, entre el municipio y las constructoras, variaron las condiciones financieras, se aumentó el valor de la vivienda y se disminuyó el del subsidio municipal, lo que ha impactado negativamente a esta comunidad, pues muchas personas ya han perdido sus casas a raíz de esta medida ya que no pudieron pagar.

En Cali, las denuncias se concentraron en el proyecto de vivienda urbanización Potrero Grande, donde fueron reubicadas familias que habitaban el jarillón del río Cauca. Aunque las observaciones por el deterioro de estas viviendas no es nuevo, también se incluyó en el informe entregado: “Se presentan fisuras en las paredes, escaleras, dinteles de las puertas, y esto se debe en muchos de los casos a que hubo un inadecuado control de calidad en la etapa de construcción”.

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El contralor del Valle, Weibar Sinisterra, anunció la conformación de un grupo de funcionarios que harán los recorridos por los proyectos de vivienda que tienen anomalías. Exigen a los entes nacionales las sanciones correspondientes

El pronunciamiento de la Contraloría Departamental

 

Al debate que se desarrolló en la Asamblea Departamental fue citado el contralor del Valle, Weibar Adolfo Sinisterra. EL PUEBLOhabló con el funcionario, quien indicó que la situación es compleja por la cantidad de proyectos de Vivienda de Interés Social, VIS, que han quedado inconclusos o, peor, que ni siquiera se comenzaron a construir. Indicó que para hacer una adecuada reflexión de lo que está pasando es importante tener en cuenta que la vivienda de interés social es financiada en cerca del 90 % por recursos de orden nacional, cajas de compensación u otros organismos de carácter privado.

Sinisterra señaló que por eso es importante partir de que la vigilancia estricta del tema debe hacerla la Contraloría General de la República. Aunque no le compete al ente departamental actuar en lo que a sanciones se refiere, sí es importante hacer el acompañamiento para  buscar soluciones.

El contralor departamental indicó que esta no es la primera vez que se hace un llamado de este tipo. La Contraloría Departamental ha venido revisando este tema desde años anteriores, vigencias 2008, 2009, 2010, 2011, reconociendo siempre que no tiene competencia para iniciar procesos de responsabilidad fiscal, “sin embargo hemos pasado el informe a la Contraloría General de la Nación, a la Procuraduría General de la República y de allí le hemos perdido el rastro a los procesos”, afirma.

Respecto a la competencia que pueda tener la Secretaría de Vivienda Departamental y Municipal, Sinisterra manifestó que estas oficinas solo trabajan como catalizadores de la necesidad de vivienda de los habitantes de un departamento o un municipio y no tienen los elementos suficientes para enfrentar con recursos la necesidad que tiene la comunidad de una vivienda digna. No obstante, eso no los exonera de estar al tanto como revisores de los proyectos que se están construyendo en frente de ellos. “También vamos a revisar lo que está pasando con las administraciones en cada municipio de donde tenemos reporte de las anomalías”, puntualizó.

El contralor departamental, Adolfo Weibar Sinisterra, indicó que se conformó un grupo que hará los recorridos por el Valle del Cauca para revisar los proyectos de vivienda que han sido denunciados. El grupo lo conforman la Contraloría Departamental, un grupo de diputados del Valle, funcionarios de la Secretaría de Vivienda Departamental y esperan contar con funcionarios de las alcaldías. “Ya se hizo una primera reunión para concretar la programación de recorridos, y en ocho días aproximadamente comenzaremos”, indicó Sinisterra.

Respecto a lo que viene luego de las visitas, dijo el jefe del ente de control que se exigirá a las autoridades fiscales, penales y disciplinarias que se tomen cartas en el asunto y que sean estos entes los que le exijan al Ministerio de la Vivienda y a las cajas de compensación dar respuesta al problema. Que se ejecuten las garantías contractuales.

En lo que le compete a la Contraloría Departamental, son diez municipios de los 37 de su jurisdicción. Sinisterra aclaró que no está teniendo en cuenta a Yumbo, Buenaventura, Cali, Tuluá ni Buga, porque cada uno tiene su Contraloría; pese a ello, está contemplando tener la atención de los otros cinco contralores, para que revisen lo que está pasando en sus municipios desde donde también se han hecho denuncias de anomalías en los proyectos de vivienda de interés social.

 

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