Columnas de opinión de Carlos Alberto Baena, Ex Senador y Presidente del Partido MIRA,  escritas con una redacción ágil y profunda y un estilo ameno y descriptivo, en las que da a conocer su punto de vista sobre diversos temas relevantes del  país.
A partir de un nuevo enfoque y de manera realista y concreta, Baena plantea y analiza en forma breve las diferentes situaciones, presentando un juicio crítico de los problemas y dando soluciones a través de argumentos y comentarios respetuosos.
Su agudeza crítica y su firmeza y convicción. hacen que sus escritos sean persuasivos y dejen inquietudes y reflexiones en la mente del lector.
Baena fue desde 2001 hasta 2009 Concejal de Bogotá,  habiendo sido elegido en seis ocasiones como el mejor concejal. En 2010 logró ser electo Senador de la República de Colombia.
Se ha caracterizado por ser un fuerte promotor de los derechos de las minorías étnicas, especialmente de las comunidades afrodescendientes en Colombia.

Entre víctimas y revictimización Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Uno de los debates sociales y humanitarios más importantes que debe asumir el país, es el relacionado con las víctimas. No puede verse como un asunto simple; menos como un requisito por cumplir para ganar en “legitimidad”; sino que se debe convertir en una discusión seria, responsable, que aborde el problema desde sus raíces, procurando con ello encontrar, proponer e implementar, medidas consistentes y concretas.

En el año 2011 fue expedida la ley 1448 conocida popularmente como la “ley de víctimas”. Gracias a ese trabajo conjunto de aquel entonces entre la sociedad en general, el Congreso y el Ejecutivo fue posible contar en Colombia con una norma que estableciera entre otras cosas, una serie de medidas a cargo del Estado, encaminadas a fortalecer los mecanismos de protección y reparación de las víctimas que el conflicto ha dejado por años.

No obstante, llama la atención que durante los últimos 4 años cerca de 600.000 familias hubiesen tenido que presentar tutelas, para que las ayudas humanitarias a las que tienen derecho, les fuesen otorgadas. De acuerdo con las investigaciones que sobre este particular ha realizado la Bancada del Partido MIRA en la Cámara de Representantes especialmente, esa es la cifra oficial que tuvo que manejar la Unidad de Víctimas a este respecto.

Otros datos que indican la necesidad de plantear nuevamente la problemática de las víctimas en el país, se pueden hallar en las sanciones que pesaban, por ejemplo, sobre la anterior directora de esta entidad al momento de apartarse del cargo en enero del año anterior. Se estima que sobre ella se encontraban vigentes 111 órdenes de arresto y una serie de multas que, sumadas todas, llegaban al monto de 461 millones de pesos. Es más, al momento de su salida de la dirección, estaban en trámite alrededor de 10.000 acciones judiciales entre desacatos y otras causas.

Naturalmente, registrar 8.405.265 personas y brindar algún tipo de asistencia o reparación a 6.366.598 de ellas, según la información del Registro Único de Víctimas a la fecha, es una tarea del mayor significado. No obstante, para quien fue obligado en virtud de las circunstancias a padecer un hecho victimizante, tener que acudir luego al sistema judicial para hacer valer sus derechos, se constituye en una carga adicional que no debería soportar. En tal sentido, un ajuste institucional aún más humanitario, sería más que bienvenido.

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La Otra Reconstrucción Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Los sentimientos que generan los más recientes acontecimientos sucedidos en Mocoa, la capital del departamento del Putumayo (Colombia), son de todo orden. Hay voces, no pocas, que se refieren a los hechos como una “tragedia anunciada”. En el otro extremo, también con argumentos válidos, señalan que este caso en particular fue de carácter “fortuito”, un hecho aislado de la naturaleza cuya magnitud era imposible de anticipar.

No se puede ignorar el dolor que se transforma en un desafío para personas, familias, gobierno y un pueblo entero que ha perdido a centenares de sus miembros, entre los cuales, aproximadamente, una tercera parte son niños y niñas.

En medio del panorama abrumador, sobresale el espíritu de quienes a pesar de haber perdido todos sus bienes o incluso, seres queridos, expresan su alegría y agradecimiento, pues les fue permitido conservar su vida. En ellos, se notan fuerza y anhelos renovados para salir adelante, en medio de la adversidad que los rodeó.

Por otra parte, es positivo ver la expresión material de solidaridad que se vuelca a favor de los sobrevivientes. Al margen de los millones de dólares que han aportado gobiernos extranjeros y grupos económicos, el sentimiento general de los colombianos que han canalizado sus donaciones mediante colegios, gobierno, organizaciones y fundaciones, es ejemplar. Diariamente llegan toneladas de ayudas a Mocoa, que son indispensables para sustentar, entre todos, estos momentos tan complejos.

Ahora bien, al levantar la mirada con la pretensión de prever lo que resultará necesario en el futuro cercano, se deben tener, cuando menos, dos perspectivas muy presentes. La primera de ellas, y al mismo tiempo la más evidente, debe atender todo lo relacionado con la reconstrucción material que demanda la población afectada y su entorno en general.

La segunda perspectiva planea a largo plazo y sienta las bases para que el futuro sí sea mejor. Es aquella “otra reconstrucción”: La que piensa en las familias desmembradas por los acontecimientos; la que fomenta posibilidades que antes no eran contempladas; la que ayuda a recomponer planes de vida;  la que fortalece los valores individuales y colectivos en la sociedad.

Como algunos líderes del Partido MIRA lo han señalado en días anteriores, se trata de la reconstrucción del Tejido Social, esencial para que la esperanza quede bien cimentada desde su base, por oportunidades para un desarrollo protegido, que pueda encontrar más pronto que tarde, sus mejores versiones y formas de expresión.

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El sistema de transporte: Debilidad y necesidad Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Colombia afronta un problema diario, recurrente y que afecta a gran parte de su población, sobre todo aquella que vive en los centros urbanos: La debilidad de sus sistemas de transporte público. A diario, millones de personas los usan por todo el territorio y las quejas sobre la falta de buses disponibles, la incomodidad en el servicio, la inseguridad para los pasajeros y conductores o el insuficiente alcance de las rutas, se han vuelto asunto permanente. La situación está próxima a agravarse, porque las pérdidas que afrontan las empresas operadoras de los “masivos” son multimillonarias.

De acuerdo con los análisis del Partido MIRA en el Congreso de la República, al tomar como base las cifras aportadas por el Ministerio de Transporte y Transmilenio, el déficit, en miles de millones de pesos, es el siguiente: Medellín, 15.664; Pereira, 17.261; Neiva, 27.231; Barranquilla, 95.417; Bucaramanga, 132.000; Cali, 290.519; y Bogotá, 674.738.

Los altos índices de accidentalidad, que involucran a 7 vehículos de servicio público por hora en Colombia, también juegan un papel importante. A esto, se debe sumar la precaria cobertura, que va desde un modesto 19% en Cartagena, hasta un 78% en Medellín, pasando por porcentajes de 32, 41 y 48% en las ciudades más pobladas de Colombia. El panorama, en las demás entidades territoriales, no parece ser mejor.

Por eso, no es extraño que las personas prefieran atender su necesidad de movilidad con la búsqueda de alternativas diferentes. Muestra de ello es que la compra de motos entre los potenciales usuarios de transporte público, se ha incrementado recientemente en más del 60%. También, el uso diario de la bicicleta es una alternativa que cada día cobra más fuerza, frente las debilidades del sistema.

Como quiera que los “Sistemas Estratégicos de Transporte Público” están presentes en otras ciudades, allí no se pueden repetir los errores de los “Masivos”. Los estudios sobre la demanda de pasajeros, deben ser precisos; la planeación y el correcto diseño de las rutas debe atender las necesidades de los usuarios; las condiciones de bienestar y seguridad tienen que ser asunto de alta prioridad.

Pero lo más importante, es el valor de los pasajes. Aquí, es indispensable que se tenga en cuenta la realidad socieconómica de las personas al momento de establecerlo. En definitiva, si los precios son altos, los pasajeros continuarán migrando hacia otras formas de transporte.

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Equidad de Género: Del Discurso a los Hechos Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Con frecuencia se escuchan argumentos a favor de la equidad de género provenientes de personas, instituciones y gobiernos. Como quiera que durante milenios, la mujer ha sido objeto de diferenciaciones injustificadas con base en el único hecho de su ser femenino, estos planteamientos siempre resultan bienvenidos porque ayudan a mantener visible y vigente una problemática cuya existencia es innegable.

Sin embargo, hay que preguntarse cuántas de esas palabras que comunican buenas intenciones, se traslada a resultados que involucren beneficios, traduciéndose en acciones concretas a favor de la mujer, para equilibrar las situaciones desventajosas. Entonces, cuando se mira con detenimiento, la conclusión obligada es que aún queda bastante por hacer desde el barrio o el municipio, hasta las políticas públicas y acciones de carácter nacional e internacional.

De nuestra parte, en el Movimiento MIRA estamos convencidos, no sólo ahora sino desde siempre, del importante rol de la mujer, que no se circunscribe a los campos dentro de los cuales ha sido históricamente confinada, sino en toda área susceptible de la acción y el conocimiento humanos.

En política por ejemplo, es imprescindible que la mujer cuente con oportunidades reales de acceder al poder público en condiciones de equidad y una vez allí, que pueda incidir en la construcción de las decisiones. Sabiendo esto, implementamos el “Sistema Cremallera” combinándolo con las listas cerradas. Esto significa que mujeres y hombres se alternan como candidatos en las listas del Movimiento. Así, cuando son elegidos, se mantiene la paridad en la composición final de los cargos a los que aspiraban.

De este modo se garantiza que la participación de ellas supere la “tercera parte” del total de la lista, que es el mínimo legal exigido en Colombia, y que los hombres, quienes cuentan con una posición tradicional en este campo, no opaquen a las mujeres en un esquema de lista abierta, conduciéndolas “sutilmente” a la exclusión política.

En MIRA, ellas también lideran de manera preferente las candidaturas y ocupan la mayoría de los cargos directivos del Movimiento.

Además, procuramos la proyección de estas buenas prácticas internas hacia otros escenarios, al promover constantemente variadas iniciativas legislativas a favor de los derechos económicos y civiles de las mujeres. Así, cuestiones como la equidad salarial entre géneros, las sanciones al feminicidio, o licencias de maternidad más amplias, hoy ganan espacio entre nosotros, gracias al respaldo normativo que las precede, el cual, años atrás, brillaba por su ausencia.

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Diario del Huila

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De los valores en la política Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

En tiempos de aparente confusión, cuando la información que proviene de las fuentes más diversas colma todo espacio de opinión a causa de la abundancia de sus contenidos, son recomendables la reflexión y el análisis. Esto permite mayor claridad al tomar decisiones y regresar a lo fundamental. El presente de la política en Colombia así lo exige.

La importancia de guardar coherencia entre el discurso y los hechos debe ser ahora, más que nunca, apreciada y dignificada. La Política, una actividad honorable y respetable en sus orígenes, con el paso del tiempo ha perdido esas virtudes. Una de las principales causas de este fenómeno mundial, aunque con mayor incidencia en unos países que en otros, ha sido la decisión de quienes en ella participan y trabajan, de hacer a un lado los valores que deben inspirar su trabajo.

Un primer ejemplo, puede hallarse en la persona que antepone sus pretensiones individuales, sobre las de todo el conglomerado que representa. Naturalmente, esto va en contra vía de la esencia misma de la Política. Quien así quiera proceder, debería dedicarse a otros menesteres, mas no a los asuntos públicos, porque estos demandan que primero sea lo general y luego lo personal.

El segundo, consiste enHacer el Trabajo que, por causa de la labor política, el pueblo ha confiado a sus representantes e instituciones. El ejercicio político, bien entendido y bien hecho, demanda auténtica entrega. Es una vocación real que demanda disposición y actitud permanentes. Cuando este enfoque no está presente, los resultados positivos en beneficio de la comunidad son escasos, o, en algunos eventos, inexistentes.

Y un tercer ejemplo, sin pretender agotar con estos tres todo el panorama, se encuentra en recorrer el camino necesario, sin pretender acortarlo con atajos inapropiados. El éxito en la política, que no siempre equivale a ganar las elecciones, requiere lazos estrechos y sólidos entre la ciudadanía, sus partidos políticos y los representantes. Cuando se exploran vías “más fáciles o más veloces” para establecer estos vínculos, los resultados no traen consigo la satisfacción del deber cumplido, por las deficiencias del procedimiento escogido.

La Política, insistimos, sigue siendo una labor digna que, para colmarla de lo que eso significa y obtener el favor ciudadano, debe ser entendida, y practicada, dentro del marco de los Valores. Esa es la ruta, permanente e invariable, aunque transcurra el tiempo, y también las edades.

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Diario del Huila

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Incrementos “Gota a Gota” Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Las tarifas del agua en Colombia se han incrementado. El valor que las personas pagan por tener en sus casas el servicio público de acueducto y alcantarillado, comienza a sufrir alzas importantes que, en los estratos 1, 2 y 3, se sentirán con mayor intensidad.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, expidió el año pasado la Resolución 750 subiendo los costos, justificando la medida en mejorar los índices de ahorro y estimular el uso eficiente del agua por parte de todas las familias en Colombia.

Sin embargo, la reducción en el consumo básico de los hogares es más que restrictiva. Por ejemplo, en las ciudades ubicadas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, la Resolución de la CRA indica que las casas en las que utilizan 20 metros cúbicos de agua, sólo podrá disponer de 11.

En el caso del estrato 1 en Bogotá, la primera factura de este año, que está próxima a llegar, se incrementará en un 58% si se consumen los tradicionales 20 metros cúbicos. En dinero, esto equivale a 32 mil pesos más. Dentro de un año, en el 2018, la situación será aún peor, pues el alza será del 105%, es decir, de 56.500 pesos.

El perjuicio alcanzaría, sólo en la Capital de la República, a alrededor de 400.000 familias, prácticamente la tercera parte de los usuarios del servicio. En todo el país, se verían afectados cerca de 8 millones de suscriptores.

Lo que es aún más lamentable, es que la aplicación de esa resolución desconoce la realidad actual respecto del consumo. Luego de la crisis energética, el país sigue haciendo bien la tarea de usar razonablemente el agua. Las metas de ahorro se están cumpliendo con regularidad. Por lo tanto, aunque es cierto y necesario ser cuidadosos en el consumo y el gobierno debe velar porque ese sea el comportamiento general, la reducción de los niveles básicos como se encuentra regulada, se convierte en una medida desproporcionada.

Estas consideraciones nos condujeron, como Movimiento MIRA en el Congreso, a solicitar formalmente a la CRA que derogue la resolución. Mantener vigente la norma, acrecentaría la problemática social y profundizaría la inequidad, pues desconoce la realidad por la que atraviesa el país, mientras que establece diferencias injustificadas con otros usos y estratos del servicio público del agua.

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Voto obligatorio y apatía política Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Entre los diversos temas que abarca la Reforma Política que hace poco radicó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, fue incluida la propuesta del voto obligatorio.

En esencia, la iniciativa pretende que el tradicional derecho de asistir a las urnas para expresar el favoritismo respecto de una organización, persona o propuesta de elección popular, transforme su naturaleza para convertirse en una obligación durante los próximos ocho años.

Quienes defienden el voto obligatorio, dicen que combate el abstencionismo, característica habitual en nuestras elecciones, en las cuales la ausencia de votantes promedia regularmente el 50%. También defienden la reforma, considerando que desestimulará la “compra de votos”, pues todas las personas tendrían que salir a votar. Por su parte, también han salido a relucir voces en contra argumentando, básicamente, falta de madurez y cultura política. Sin embargo, es una propuesta y como tal, se debe debatir.

El voto obligatorio en el caso colombiano debe evaluar su impacto en el voto en blanco, igualmente válido como todos los demás. También, afectaría los umbrales, obligando a reunir aproximadamente un millón de votos como mínimo, elevando así la exigencia actual casi en un 200%, lo cual perjudica más que todo a las expresiones políticas independientes y minoritarias.

Tampoco pueden ignorarse los mecanismos de control que se implementarían, acerca de los cuales no se ha dado hasta el momento la claridad suficiente. ¿Cuáles serían los correctivos, las sanciones por no votar?, ¿cuáles las excusas válidas para no hacerlo? Son algunas cuestiones por resolver.

Sin embargo, el debate de fondo es cómo afrontar el descrédito que soportan la política y los partidos. En ese contexto la propuesta, como se encuentra planteada, no es la solución. Obligar a las personas a votar no conseguirá que el pueblo mire con buenos ojos aquello que hoy la mayoría rechaza con no poco fundamento.

La simpatía no se obtiene por la fuerza. Así como el respeto se brinda hacia otro motivado por causas nobles, la identificación o militancia hacia una ideología o un partido político debe obtenerse con coherencia entre el discurso y los hechos, y conservarse con nobles resultados a lo largo del tiempo.

Mientras que el voto debería seguir siendo un derecho, la política habría de asumir el desafío de ser fuente de orgullo y dignidad para la sociedad en la que ejerce.

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¿Hacia un proyecto de Colombia Bilingüe? Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Mientras que cada vez más el mundo forma profesionales competitivos a través de la educación bilingüe, en Colombia todavía continúa la desigualdad en los niveles alcanzados por los estudiantes de los colegios públicos, frente a los privados, debido a las limitaciones en términos de infraestructura, recursos, capacitación y actualización de los docentes.

Siempre que se dan a conocer los resultados de las pruebas nacionales e internacionales acerca de la calidad y las competencias educativas, el reclamo respecto de la habilidad para el manejo de una segunda o tercera lengua en el país, se hace evidente. Ni Profesores, ni estudiantes o la comunidad cuentan, en su mayoría, con la formación necesaria para estar a la altura que el mundo exige.

En el 2013 fue expedida por el Congreso de la República la ley 1651 que, modificando la Ley General de Educación, fortaleció el bilingüismo, consiguiendo que se convirtiera en política nacional. No obstante, el cumplimiento de las metas aún se observa lejano. El mismo Programa Colombia Bilingüe del Ministerio de Educación Nacional (MEN), considera que para el año 2018 sólo el 8 por ciento de los bachilleres, tendrá un nivel intermedio B1 en este idioma, como se ha dado a conocer en varios medios.

Esta realidad ha llevado a que los esfuerzos emprendidos más visibles, sean sobre todo locales, de conformidad con la prioridad que cada gobierno le ha dado a satisfacer esta necesidad. Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Cali o Barranquilla, cuentan con experiencias destacadas; sin embargo, debería existir un compromiso verdadero que involucre efectivamente, a todo el país.

En el caso de Bogotá, por ejemplo, MIRA propuso desde el 2006 un proyecto que tuviera como objetivo mejorar los niveles de competencia en el idioma inglés de los colegios públicos del Distrito. Partiendo de allí, se aprobó el Acuerdo 253 de ese año. La Secretaría de Educación de aquel entonces, dispuso un plan para que los bogotanos fueran bilingües en el plazo de 10 años. Aquella estrategia comenzó por formar a los docentes, pero, cumplido aquel plazo, el impacto ha sido mínimo en comparación con los esfuerzos e inversiones que se han hecho.

Infortunadamente, en Colombia no es prioridad la enseñanza de una segunda lengua y el camino para la educación bilingüe todavía es incierto. No se puede dar por más tiempo, la espalda a esta realidad actual.

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Una inhabilidad perpetua Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, durante 2015 y 2016 se presentaron 667 casos de abuso sexual a menores, en los cuales 355 de los presuntos agresores fueron los propios profesores de esas niñas y niños, y en los 312 casos restantes, la culpabilidad recayó en las personas que los tenían a su cuidado: Empleados del servicio doméstico, niñeras, entre otros.

En virtud de lo anterior, la Bancada de MIRA en el Congreso radicó un Proyecto de Ley que crea la Inhabilidad Perpetua para abusadores sexuales, impidiéndoles de por vida, ejercer cargos en ámbitos educativos o de cuidado de menores en instituciones públicas o privadas en el país. La sanción también perseguirá a las personas condenadas por los delitos de proxenetismo, explotación sexual comercial de menor de edad, violencia intrafamiliar, mendicidad y tráfico de menores e incesto.

Para que la medida sea efectiva, se crea el Registro Nacional de Personas Condenadas, administrado por la Policía Nacional. La información estará disponible en tiempo real y sus certificaciones serán gratuitas.

La norma eliminará un factor de riesgo muy importante para los niños, asegurando que los entornos escolares o de cuidado, estén libres de este tipo de atentados. Así, cualquier institución educativa, las empresas que cuidan los menores y la ciudadanía en general, contarán con una herramienta fiable para conocer los antecedentes penales y las investigaciones que involucran a los profesionales que están al servicio de la educación y el cuidado de los niños.

No obstante, no puede perderse de vista la cruda realidad: El principal escenario en el que se presentan estas agresiones, sigue siendo el hogar y la familia. Durante los últimos cinco años, en 37.323 casos la denuncia fue contra un familiar cercano a la niña o el niño víctima de abuso sexual, así: 9.933 agresiones sexuales las ocasionó el padrastro; 7.488 el papá; 5.748 los tíos, 4.701 los primos, 2.711 un abuelo y 2.094 algún hermano de aquellos menores.

El año pasado en Colombia fueron reportados 17.908 casos, lo cual indica que cada media hora, en promedio, un menor de edad, niñas en su gran mayoría, es violentado en su sexualidad. ¿Cuántos miles de casos aún no se denuncian?, ¿cuántos más aún no han sido descubiertos? Aunque es doloroso suponer estas respuestas, hay que trabajar sin descanso para que las cifras, más pronto que tarde, se reduzcan a cero.

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No dejar a nadie atrás Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Durante la semana pasada tuvo lugar el Vigésimo Quinto Período de Sesiones de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Tuvimos ocasión de participar, gracias a una gentil invitación de la Asociación Miraísmo® Internacional que, desde hace varios años, fue reconocida por ese importante ente multilateral como Organización No Gubernamental con Estatus Consultivo.

El eje central de las discusiones este año puso su atención en las estrategias a corto y mediano plazo que permiten mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades. Se trata de una situación de la mayor importancia que aún no cuenta con la visibilidad suficiente y ante la cual algunos gobiernos se quedan rezagados en facilitar la inclusión a quienes viven en una situación de esta naturaleza.

Por ejemplo, en Latinoamérica puede haber más de 80 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, de los cuales sólo entre el 20% y 30% están escolarizados; el 80% son pobres; entre el 80 y 90% están desempleados; y quienes tienen algún trabajo, normalmente son mal remunerados. En Colombia, el panorama no es muy diferente: se estima que más de 3 millones de personas presentan una condición discapacitante. De ellos, el 61% no recibe ningún tipo de ingreso económico para su subsistencia.

Consciente de esa realidad, que no es nueva, desde hace muchos años la Fundación Internacional María Luisa de Moreno ha trabajado para combatir la deficiencia social existente que impide a las personas en general, reconocer las capacidades de quienes tienen alguna limitación física o cognitiva. Como respuesta, la Fundación desarrolló el Método “Descubrir la capacidad, una oportunidad” que, llevado a la práctica, ha generado resultados más que satisfactorios, demostrables y evidentes en centenares de personas, fortaleciendo el desarrollo social y rompiendo los ciclos de pobreza y exclusión que afectan a esta población.

Así, la Fundación se ha ocupado tanto de la provisión de implementos necesarios para su vida cotidiana, como de la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en el mercado laboral y otras esferas de la sociedad; lo cual, en esencia, afronta esa correlación perversa entre pobreza y discapacidad, que es indispensable combatir.

En suma, para conseguir que nadie se quede atrás, es preciso comprender que las personas con discapacidad no tienen el deber de adaptarse al entorno, sino que el entorno debe adaptarse a ellos.

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