Columnas de opinión de Carlos Alberto Baena, Ex Senador y Presidente del Partido MIRA,  escritas con una redacción ágil y profunda y un estilo ameno y descriptivo, en las que da a conocer su punto de vista sobre diversos temas relevantes del  país.
A partir de un nuevo enfoque y de manera realista y concreta, Baena plantea y analiza en forma breve las diferentes situaciones, presentando un juicio crítico de los problemas y dando soluciones a través de argumentos y comentarios respetuosos.
Su agudeza crítica y su firmeza y convicción. hacen que sus escritos sean persuasivos y dejen inquietudes y reflexiones en la mente del lector.
Baena fue desde 2001 hasta 2009 Concejal de Bogotá,  habiendo sido elegido en seis ocasiones como el mejor concejal. En 2010 logró ser electo Senador de la República de Colombia.
Se ha caracterizado por ser un fuerte promotor de los derechos de las minorías étnicas, especialmente de las comunidades afrodescendientes en Colombia.

Empresas Públicas y Política de Estado Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

La reciente decisión de la Justicia Administrativa, mediante la cual anuló la autorización para la venta de la ETB en la capital de la República, reabrió cuando menos, dos debates de gran importancia.

El primero, respecto del cual no se ha hecho mucho eco, tiene que ver con la estabilidad de las decisiones públicas. Después de la aprobación de la medida en el Concejo Distrital, ahora los jueces consideran -y coincidimos con ellos-, que en el procedimiento hubo deficiencias de tal magnitud, que obligan a derogar la autorización. Sin embargo, dentro de poco vendrá el resultado de la apelación, que tiene el poder de cambiar de nuevo, la situación. Todo lo anterior, sin contar con lo que más adelante podría surgir, mediante los mecanismos de protección a los derechos fundamentales. El conjunto en general, produce incertidumbre en múltiples direcciones.

El segundo debate, de tanto fondo como el primero, se relaciona con la necesidad de contar con una política de Estado frente al manejo de la propiedad pública. El caso de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá es emblemático. Cada cierto tiempo se discute su venta y aparecen los argumentos que representan extremos opuestos.

Sin embargo, casos como este, o los de EmCali, Isagen, EEB, o Ecopetrol, por citar sólo algunos, demuestran que aún hace falta por parte del Estado, la fijación de un norte claro y a largo plazo, acerca de una conceptualización de la empresa pública.

No se desconoce la importancia del aporte que la cultura organizacional propia de la administración del capital privado, realiza en los asuntos públicos; no obstante, interesa aquí poner de presente el valor de velar por los intereses que a todos afectan. Los servicios públicos, la salud, o la educación, entre otras, son áreas que requieren garantías para evitar el acentuamiento de las vulnerabilidades y la desprotección.

Las telecomunicaciones no deberían ser la excepción. Cada Estado ha de asegurar las condiciones mínimas para que sus asociados cuenten con los medios, tecnologías, dispositivos e información que requieren, para atender su presente y proyectar su futuro. No hacerlo así, fomenta la inequidad y el perjuicio social, lo cual hay que evitar.

La financiación de las inversiones gubernamentales no puede quedar supeditada a la venta de lo público, como única alternativa. En ocasiones, vender no es lo debido; en otras, no resulta posible. En definitiva, hay que encontrar el balance adecuado.

Columna publicada en el diario impreso:

Empresas Públicas y Política de Estado; Diario del Huila, julio 18 de 2017

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Interrogantes que plantea la expansión urbana Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

El crecimiento de los centros urbanos en Colombia y en el mundo, plantea diversos problemas que deben ser atendidos por los gobiernos locales y de acuerdo con las circunstancias, también por aquellos que tienen competencias territoriales de mayor dimensión.

En nuestro país, donde la población muestra una fuerte y constante tendencia a abandonar el campo y sus pueblos de origen en busca de sueños, tantas veces aparentes, la cuestión se muestra más compleja a raíz del fenómeno migratorio y las dinámicas de desplazamiento que aún no cesan. Todas las capitales de departamento, y aún más, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, se convierten en el destino escogido por muchos.

Es por ello que al momento de definir hacia cuáles zonas se debería expandir el casco urbano de las ciudades y sobre todo, en qué condiciones, es necesario analizar todas las variables en profundidad. No se trata sólo de proyectar una ciudad más bella, lo cual en ciertos casos se ha convertido en prioridad, sino que es preciso ir más allá, para alcanzar resultados completos, funcionales y satisfactorios a mediano y largo plazo.

Las preguntas deben indagar, entre otros temas, acerca del impacto que una mayor población tendrá sobre las redes de servicios públicos; hasta qué punto las condiciones geográficas y geológicas permiten la expansión urbana; cuál es el impacto ambiental que se generaría; cómo se atenderá la demanda de tráfico y transporte público; cuál será la capacidad de cubrimiento de los equipamentos institucionales; cómo rodear de garantías el establecimiento de lugares de culto; cómo brindar atención suficiente y de calidad, a las necesidades de salud y educación que llegarán al sector; o cómo coordinar el uso comercial y su distribución en la zona. No basta decidir si la ciudad se extenderá hacia “los lados”, o si se hará más densa creciendo en altura.

Por estas razones el caso de Manizales, que se convierte ahora en ejemplo y referente para todo el país, se debe destacar como un hecho histórico. La votación de los concejales, entre los cuales se cuenta Andrés Sierra Serna del Partido Político MIRA, resultó decisiva. ¿Por qué el caso es tan importante? Porque fue posible proteger la estructura ecológica principal de la ciudad; amparar las fuentes hídricas y la biodiversidad; y salvaguardar los procesos de participación, en los cuales la comunidad fue protagonista y voz fundamental.

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La Libertad Religiosa y su Día Nacional Por: Carlos Alberto Baena @Baena

El 4 de julio ha sido declarado en Colombia como el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos. En esta fecha, así reconocida por medio del Decreto 1079 de 2016, el Gobierno Nacional, en articulación con entidades territoriales y del sector religioso, debe coordinar la realización de diferentes actividades de difusión y socialización sobre el respeto y la igualdad de religiones y cultos.

En realidad, es satisfactorio cómo en municipios y departamentos se ha asumido el día con responsabilidad, facilitando la generación de espacios para compartir, pensar y analizar el estado actual de esta Libertad Fundamental y proponer ideas para su desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

Resulta necesario que el Estado asuma su papel protagónico en esta materia. De esta manera, el cambio normativo que se generó respecto del paradigma religioso desde la aprobación de la Constitución Política en 1991, podrá registrar avances más numerosos y consistentes, pues es imprescindible dar respuesta a las exigencias de la actualidad.

Por ejemplo: Las redes sociales, que bien usadas se convierten en herramientas de la mayor utilidad, son aprovechadas para promover y expresar intolerancia, llegando en algunos casos a convertirse en verdaderos discursos de odio, por causa de la religión. Es por ello que las instituciones y por qué no decirlo, la institucionalidad misma, está en plena capacidad de convertirse en agente de cambio positivo frente a los factores que hemos mencionado.

Cuando la Libertad Religiosa sea un concepto que haga parte de la vida diaria, el hostigamiento o la comisión de otros delitos contra las congregaciones religiosas y sus ministros de culto, será cosa del pasado; la Convivencia con Respeto empezará a ser una constante para el tratamiento de los asuntos cotidianos, en especial, aquellos que son fuente de controversia; actividades laborales o educativas, por ejemplo, no serán intervenidas ni diferenciadas por el hecho de profesar alguna religión, o no identificarse con ninguna en particular.

Es una tarea que a todos compete; una de aquella naturaleza en la cual cada persona puede participar desde una perspectiva constructiva, motivada por la certeza del carácter positivo que el resultado arrojará.

Entonces, ¿cuál es el camino adecuado para garantizar la Libertad Religiosa? Sin duda, una de las mejores vías es pensarla, vivirla y practicarla en términos de Igualdad, entre las religiones.

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Un semestre de Gestión Política con impacto social Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

El primer semestre de 2017 concluye con un escenario político complejo, en el que el pueblo colombiano requiere medidas de impacto social, para aliviar las cargas que deben sobrellevar las comunidades. En este marco, el Partido Político MIRA hace un balance de su gestión en la legislatura que termina en el Congreso y presenta al país beneficios concretos de alcance nacional e internacional.

En movilidad, el Partido MIRA logró una amnistía para infractores que NO sean debidamente notificados de comparendos mediante fotomultas, quienes podrán seguir accediendo a los descuentos establecidos en el Código de Tránsito por concepto de “pronto pago”. No es correcto que un conductor, quien no ha sido enterado de que le fue impuesta una multa, sea excluido del beneficio.

En servicios públicos, logramos que los costos de las revisiones de redes internas de servicios públicos como acueducto, energía y gas, así como medidores, no sean cobrados a los usuarios.

Por el adulto mayor, reforzamos las medidas de protección a esta población mediante diversas clases de sanciones, dependiendo de la gravedad del caso, para quienes cometan actos de violencia intrafamiliar, maltrato o abandono, contra nuestros adultos mayores.

Por los colombianos en el exterior, conseguimos que los connacionales puedan obtener Libreta Militar definitiva – no provisional-, debido a que, con anterioridad, para ellos no era posible resolver la situación militar desde el territorio extranjero. Quienes estén en condición de remisos, exentos o inhábiles, podrán atender el trámite pagando un promedio de 40 dólares por el documento.

Esta gestión del Partido MIRA, que de tiempo atrás ha trabajado en materia de servicio militar y muchos otros asuntos relacionados con la Fuerza Pública, gestión promovida por el Ex Senador y miembro de la Dirección Nacional del Partido MIRA, el doctor Manuel Virgüez, también se complementa con un importante paquete de beneficios.

Entre ellos están el Servicio Militar Remunerado, gracias al cual los soldados ahora recibirán de un 30% a un 50% de un salario mínimo, o resolver la ruta administrativa para quienes quieran hacer objeción de conciencia, el cual es un derecho constitucional, entre otros beneficios.

A lo anterior se suman varios proyectos de ley que se encuentran en trámite, en beneficio y defensa de nuestra niñez y adolescencia, así como de la mujer colombiana. Valores, Servicio, Defensa de la Vida y Respeto, son la consigna con la que el Partido MIRA sigue avanzando.

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Cambios positivos de la Ley de Reclutamiento Por: Carlos Alberto Baena @Baena

La semana anterior obtuvo su aprobación definitiva el Proyecto de Ley que Reglamenta el Servicio de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Militares y de Policía. Entre los muchos aspectos que la norma ha recogido, hoy queremos resaltar uno que impacta de forma directa y para bien la vida de los colombianos en el exterior, sirviendo de respuesta a una problemática que conocemos de primera mano.

Desde la Presidencia del Partido MIRA y mediante la gestión de la Representante a la Cámara por los Colombianos en el Exterior, la doctora Ana Paola Agudelo, se recopiló información de múltiples casos de jóvenes connacionales que procedentes de otro país, al visitar Colombia, incluso eran detenidos y citados para definir su situación militar. De regreso a sus lugares de residencia, quedaban en calidad de remisos, con multas y en imposibilidad de realizar trámite alguno desde el exterior, para resolver el asunto. Igual sucedía con aquellos que lograban obtener la libreta provisional al vencer los dos años de vigencia. No existían rutas ni mecanismos para conseguir, desde fuera de Colombia, la garantía de los derechos individuales, ni el cumplimiento de esta obligación.

Entonces, mediante la aprobación de la ley, será posible para todos estos jóvenes que cuentan con 3 años o más de residencia fuera de Colombia, resolver la situación militar apoyados en los Consulados en el Exterior y mediante el portal web de la Dirección de Reclutamiento.

Por otro lado, los colombianos residentes en el exterior que son víctimas del conflicto quedan con la posibilidad de realizar el trámite en el Consulado de Colombia más cercano.También, se establecieron facilidades para los retornados, compatriotas que después de vivir por fuera del país, al estar de vuelta se encontraban con la necesidad de atender esta obligación.

Un cuarto grupo de beneficiados con las medidas de esta nueva ley serán los hombres colombianos residentes en el exterior entre 24 y 50 años de edad, quienes podrán acceder a la amnistía general: Pagando un promedio de 38 dólares, 110.000 pesos aproximadamente, podrán obtener su libreta militar, sin tener que pagar la cuota de compensación militar.

Llegar a este punto es muy satisfactorio, en tanto que iniciativas presentadas por el Partido MIRA en las que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, como la objeción de conciencia y las jornadas especiales, quedaron incluidas en esta ley, por completo pertinente en este momento que vive el país.

Columna publicada en el diario impreso:

 

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