Columnas de opinión de Carlos Alberto Baena, Ex Senador y Presidente del Partido MIRA,  escritas con una redacción ágil y profunda y un estilo ameno y descriptivo, en las que da a conocer su punto de vista sobre diversos temas relevantes del  país.
A partir de un nuevo enfoque y de manera realista y concreta, Baena plantea y analiza en forma breve las diferentes situaciones, presentando un juicio crítico de los problemas y dando soluciones a través de argumentos y comentarios respetuosos.
Su agudeza crítica y su firmeza y convicción. hacen que sus escritos sean persuasivos y dejen inquietudes y reflexiones en la mente del lector.
Baena fue desde 2001 hasta 2009 Concejal de Bogotá,  habiendo sido elegido en seis ocasiones como el mejor concejal. En 2010 logró ser electo Senador de la República de Colombia.
Se ha caracterizado por ser un fuerte promotor de los derechos de las minorías étnicas, especialmente de las comunidades afrodescendientes en Colombia.

Cambios positivos de la Ley de Reclutamiento Por: Carlos Alberto Baena @Baena

La semana anterior obtuvo su aprobación definitiva el Proyecto de Ley que Reglamenta el Servicio de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Militares y de Policía. Entre los muchos aspectos que la norma ha recogido, hoy queremos resaltar uno que impacta de forma directa y para bien la vida de los colombianos en el exterior, sirviendo de respuesta a una problemática que conocemos de primera mano.

Desde la Presidencia del Partido MIRA y mediante la gestión de la Representante a la Cámara por los Colombianos en el Exterior, la doctora Ana Paola Agudelo, se recopiló información de múltiples casos de jóvenes connacionales que procedentes de otro país, al visitar Colombia, incluso eran detenidos y citados para definir su situación militar. De regreso a sus lugares de residencia, quedaban en calidad de remisos, con multas y en imposibilidad de realizar trámite alguno desde el exterior, para resolver el asunto. Igual sucedía con aquellos que lograban obtener la libreta provisional al vencer los dos años de vigencia. No existían rutas ni mecanismos para conseguir, desde fuera de Colombia, la garantía de los derechos individuales, ni el cumplimiento de esta obligación.

Entonces, mediante la aprobación de la ley, será posible para todos estos jóvenes que cuentan con 3 años o más de residencia fuera de Colombia, resolver la situación militar apoyados en los Consulados en el Exterior y mediante el portal web de la Dirección de Reclutamiento.

Por otro lado, los colombianos residentes en el exterior que son víctimas del conflicto quedan con la posibilidad de realizar el trámite en el Consulado de Colombia más cercano.También, se establecieron facilidades para los retornados, compatriotas que después de vivir por fuera del país, al estar de vuelta se encontraban con la necesidad de atender esta obligación.

Un cuarto grupo de beneficiados con las medidas de esta nueva ley serán los hombres colombianos residentes en el exterior entre 24 y 50 años de edad, quienes podrán acceder a la amnistía general: Pagando un promedio de 38 dólares, 110.000 pesos aproximadamente, podrán obtener su libreta militar, sin tener que pagar la cuota de compensación militar.

Llegar a este punto es muy satisfactorio, en tanto que iniciativas presentadas por el Partido MIRA en las que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, como la objeción de conciencia y las jornadas especiales, quedaron incluidas en esta ley, por completo pertinente en este momento que vive el país.

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Alerta Naranja por Feminicidios Por: Carlos Alberto Baena @Baena

El asesinato de mujeres, que en Colombia es un delito autónomo gracias a la expedición de la Ley 1761 de 2015, todos los días cobra nuevas víctimas en nuestro país. Esta expresión de violencia, agresión e intolerancia, por citar sólo tres cuestiones asociadas al fenómeno, resulta inexplicable.

Un feminicidio, según el Artículo 104A del Código Penal, consiste en causar la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Las condenas oscilan entre un mínimo de 20 años y 10 meses de prisión, hasta 41 años y 8 meses. Con todo, si se presentan agravantes, las penas podrían ascender a 50 años de cárcel.

Haber tenido alguna relación afectiva, amistosa o laboral con la víctima, ejercer sobre ella alguna clase de violencia, aprovechar las relaciones de poder o jerarquía, crear terror o humillación, incomunicarla o tener antecedentes de violencia, son de manera general, las circunstancias que caracterizan el delito.

De acuerdo con las cifras del Instituto de Medicina Legal, en el 2016 se registraron 731 feminicidios. En lo que va corrido del año, los casos superan los 240. Aunque la norma se encuentra en aplicación y las sanciones son ejemplarizantes, todavía no ha sido posible eliminar este flagelo en nuestra sociedad. Por otra parte, no se puede olvidar que la Violencia Intrafamiliar, íntimamente ligada al Feminicidio, se convierte en una alarma que debe ser atendida de manera oportuna para evitar tragedias mayores.

Dentro de este contexto, el Partido MIRA convocó una Audiencia Pública para abordar la problemática. Tanto la Concejala de Bogotá Gloria Stella Díaz Ortiz, quien ha liderado el tema, como el Representante Carlos Eduardo Guevara, pidieron compromisos reales y concretos para prevenir la violencia intrafamiliar y el feminicidio; asimismo, explicaciones sobre las acciones que adelantan las entidades encargadas de evitar que la violencia de género siga en aumento.

Al decretar la Alerta Naranja por Feminicidios, como se le reclamó al Gobierno, se busca que haya prioridad y celeridad en las investigaciones por feminicidios y seguimiento a las medidas de protección que otorguen las Comisarías de Familia. Además, se procura que se implemente la Cátedra de Violencia Intrafamiliar; pero sobre todo, que exista articulación efectiva entre Policía, Fiscalía, Medicina Legal, Comisarías de Familia, Procuraduría y el Ministerio de Salud.

Es necesario persistir, ya que Colombia demanda que la problemática de la violencia contra las mujeres sea parte de la Agenda Pública Nacional.

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Delincuencia en la Red y Menores de Edad Por: Carlos Alberto Baena @Baena

Hace sólo unos días radicamos en el Congreso de la República un Proyecto de Ley, orientado a crear políticas públicas que ayuden a prevenir los delitos contra niños, niñas y adolescentes en Colombia, cuando estos son cometidos utilizando las redes sociales.

La iniciativa del Partido MIRA, que en esta ocasión lidera la Concejala de Bogotá Gloria Stella Díaz, además de establecer responsabilidades, pretende que la sociedad y las autoridades sumen esfuerzos para prevenir y proteger a los menores de edad de las diversas tendencias que circulan en las redes, aprovechando sus debilidades y poca experiencia, atentando contra su vida e integridad.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la bancada de MIRA en el Congreso, conmina a las empresas prestadoras de servicios de telefonía celular, a que en un plazo máximo de dos días, suministren a las autoridades toda la información necesaria, cuando la investigación aborde delitos cibernéticos contra menores de edad. Por otra parte, solicita que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones reglamente la inclusión de mensajes de prevención contra delitos de esta naturaleza, en la publicidad que esas compañías realizan.

También se exige que la publicación de fotografías o videos de menores de edad en las redes sociales y páginas de internet, cuente con expresa autorización de los padres de familia. Por su parte, colegios y jardines infantiles, deberán reclamar a sus trabajadores el certificado de antecedentes penales con una reseña especial, que identifique posibles autores de delitos sexuales.

Además, en el ámbito penal, los delitos de inducción al suicidio o a las autolesiones personales; la divulgación de documentos o imágenes íntimas o sensibles; y la extorsión, se agravarán cuando sean cometidos por medio de Internet, redes sociales, plataformas tecnológicas o canales electrónicos de similar naturaleza. Las condenas llegarían hasta los 15 años de prisión.

Sin embargo, el esquema no quedaría completo si no se previera la suplantación de menores de edad en las redes sociales. Por tal motivo, ese mal proceder también se contempla en el proyecto y es castigado con una sanción de 4 años de cárcel.

Esperamos crear conciencia y que el proyecto salga adelante. Hay responsabilidades que todos compartimos, o como bien lo señala la Concejala Gloria Stella Díaz, cumplir con la obligación moral de proteger la integridad física de nuestros niños, niñas y adolescentes, requiere nuestro mejor esfuerzo.

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Alivio en la adversidad Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Los sucesos desafortunados que dejaron miles de víctimas y damnificados por causa de las lluvias y las inundaciones en Colombia, han movilizado la solidaridad nacional e internacional. Personas, gobiernos y fundaciones han brindado esfuerzo y recursos orientados, en esencia, a la reconstrucción de lo perdido, la recuperación de lo afectado y el sustento de los sobrevivientes.

Sin embargo, el país recordará que no ha sido la primera vez que nos enfrentamos a situaciones en las cuales las fuerzas naturales ponen en riesgo a poblaciones enteras. Por causa de su magnitud, los eventos de la llamada Ola Invernal del período 2010 a 2012, se encuentran fijados de especial manera en la memoria colectiva.

Por aquel entonces, el Partido MIRA propuso desde el Congreso varias iniciativas que posteriormente se convirtieron en Leyes de la República y que para bien, hoy también resultan aplicables, pues sus contenidos sirven para aliviar en alguna medida los padecimientos de los damnificados. Además, impulsamos medidas administrativas que los gobiernos de la época, nacionales, departamentales y municipales, acogieron favorablemente para ayudar a quienes más los necesitaban.

Por ejemplo, fue suspendido el cobro de los servicios públicos a quienes perdieron sus viviendas por causa de las calamidades, valores cuya facturación, paradójicamente, continuaba como si nada hubiera ocurrido. De manera similar, se hizo con el impuesto predial que gravaba a los inmuebles afectados.

De otra parte, el subsidio para la adquisición de vivienda, que en el país sólo podía ser usado una vez, fue habilitado por una segunda ocasión a las víctimas de la naturaleza, favoreciendo así, por aquella época a más de 400.000 familias. Además, se creó el “Empleo de Emergencia” para facilitar la contratación de quienes fueron víctimas de desastres o calamidades. Así, los beneficiarios trabajarían en actividades de rehabilitación, construcción y reconstrucción, mejoras y actividades conexas para la recuperación social, económica y ecológica de las zonas perjudicadas.

Esta clase de medidas deben permanecer presentes y las autoridades, alerta. No se trata de alarmismo, sino de realismo: el IDEAM, luego de publicar los Mapas de Amenaza por Inundación, afirmó que cerca de 12 millones de residentes en Colombia se encuentran expuestos a un alto potencial de inundación. Según el Instituto, en las zonas de mayor riesgo, casi la mitad de las personas padecen altos índices de vulnerabilidad, pobreza y déficit de vivienda. No se debe bajar la guardia.

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Mujer, campo y deuda social Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Existen deudas sociales en nuestro país que se han vuelto persistentes. Mientras pasan años, gobiernos e instituciones, la situación de ciertas familias y grupos vulnerables parece cambiar muy poco, para bien. Esa, por citar solamente un ejemplo, parece ser la realidad de la mujer que vive en el campo y ha sido víctima de alguna forma de violencia, en relación con la escasa y muchas veces nula oportunidad de acceder a la educación formal.

Desde el Partido MIRA, de nuevo, se ha radicado una iniciativa legal, pretendiendo con ella que sean abiertas las “Aulas del Campo”. El proyecto, que se espera sea acompañado masivamente por el Gobierno Nacional y las demás bancadas presentes en el Congreso de la República, desea beneficiar a las mujeres rurales cuyas condiciones económicas sean deficientes y se encuentren demostradas; también a las madres cabeza de familia y a aquellas que fueron víctimas del conflicto armado, junto con sus hijos.

La iniciativa consiste entonces, en que esta población, en virtud de la debilidad manifiesta en la que se encuentra, pueda acceder de manera gratuita a todos los niveles sin excepción, de educación formal, incluidas la educación técnica, tecnológica, profesional y la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

El debate, liderado en esta ocasión por nuestra Representante Guillermina Bravo Montaño, única mujer congresista y afrodescendiente en la actualidad, también prevé un comprometido impulso que debe dar el Ministerio de Educación, el cual deberá promover que las diversas Instituciones de Educación Superior de naturaleza privada presentes en Colombia, creen y desarrollen programas sociales de apoyo y asistencia a las víctimas de la violencia, caracterizados por costos mínimos de matrícula. También gestionará que en estos programas, las facilidades en el otorgamiento de créditos y subsidios del ICETEX, sean una realidad.

Además, el proyecto de ley que se ha presentado reconoce la dinámica que posee aquella relación entre educación y mantenimiento económico de tantas familias en Colombia. Por eso, determina que el Gobierno también gestione diversos mecanismos enfocados a fortalecer y mejorar las posibilidades de las organizaciones de mujeres, en especial, en aquellos proyectos que sean sostenibles en sus facetas social, ambiental y económica.

Al convertirse en ley de la república, será un aporte importante que visto a largo plazo, se encuentra orientado con claridad y consistencia, a reducir la inequidad.

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La paradoja de la reforma política Por: Carlos Alberto Baena López @Baena


De manera recurrente, desde el año 2003 hasta la fecha, se han presentado varias “reformas políticas” en Colombia; cada una en su oportunidad, ha pretendido introducir soluciones para los diversos problemas que aparecen asociados al ejercicio político. Si hay crisis de transparencia, legitimidad o institucional, se ha mirado con frecuencia hacia la modificación de la Constitución.

Ahora, en medio de la coyuntura social y política en la que el país se encuentra, el tema sale a relucir nuevamente. La firma definitiva del Acuerdo de Paz, o con mayor precisión, la implementación jurídica y administrativa que requieren muchos de los puntos allí consignados, demanda que se introduzcan algunas modificaciones a las reglas de juego políticas y electorales.

No obstante, si las propuestas que se han construido para estos efectos, en especial aquellas reunidas en el trabajo dedicado de la Misión Electoral Especial, no se ocupan de atender, desde la raíz, ciertos problemas estructurales que como Partido MIRA hemos señalado con insistencia, creemos que las inconsistencias y deficiencias del sistema continuarán presentes, dispersando la débil credibilidad ciudadana que afecta a buena parte de las instituciones.

Días atrás, en este mismo espacio, explicamos la inconveniencia que ofrece, desde nuestro punto de vista, la implementación de un voto obligatorio. Importar esta figura en la actualidad, perjudicaría de manera sensible los procesos de apertura democrática, tan necesarios en estos momentos de reconstrucción de tejido social, que más bien deben ser aprovechados para fortalecer desde la base, el desarrollo humano.

Por otro lado, elementos como la paridad de género en la conformación de las listas de candidatos, la conservación de la lista única y sin voto preferente, así como reglas en equidad para la financiación de Partidos y campañas políticas, se deben evaluar a favor del pluralismo, facilitando las condiciones para que las diferentes expresiones ciudadanas, sean de carácter nacional o regional, cuenten con espacios garantizados para la difusión amplia de sus planteamientos, así como de incidencia efectiva en la construcción de decisiones públicas.

Por último, es necesario recalcar que un débil favor se le haría a nuestra democracia, si se aprobara una nueva reforma política, conservando las instituciones y figuras obsoletas del Código Electoral, norma creada en 1986 y que, a manera de perversa paradoja, sobrevivió al cambio de la Constitución en 1991 y a todas las modificaciones que han surgido después.

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Corregir la inequidad detrás de la “situación militar sin definir” Por: Carlos Alberto Baena López @Baena


La definición de la situación militar para millones de jóvenes colombianos, continúa siendo un problema de difícil solución. Por causa de la ley 48 de 1993, vigente desde hace casi 25 años, quedó establecido que los remisos “serán sancionados con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada año de retardo o fracción”. ¿Esto qué representa? Que en la actualidad haya personas con sanciones que ascienden hasta
$14.754.340 cifra que, en muchos hogares, es imposible de pagar.

En términos aún más concretos: el valor de estas multas impide que un joven de escasos recursos pueda solucionar su situación militar. En consecuencia, su inserción en el mercado laboral y el acceso a la oferta educativa se convierten en una tarea muy compleja, perjudicando sus posibilidades de desarrollo humano y económico, así como las de los seres que se encuentran a su alrededor. 

Con el propósito de corregir esta fuente de inequidad, el Partido Político MIRA, con un especial liderazgo de la Representante por los Colombianos en el Exterior Ana Paola Agudelo, radicó un proyecto de ley que ayudará a resolver la situación militar para casi 1´200.000 jóvenes que se encuentran clasificados como inhábiles, exentos y remisos. En esencia, se contempla una amnistía para quienes pertenezcan a los estratos 1,2,3 y se encuentren sisbenizados. Podrán obtener su libreta militar tras pagar $147.550 pesos.

La iniciativa se suma a otras que radicamos en el pasado y que han pretendido resolver situaciones semejantes a favor de los jóvenes; por ejemplo, la eliminación del servicio militar obligatorio.

Contrario a lo que hoy ocurre con muchas familias de escasos recursos, creemos que no deberían ser forzadas a endeudarse para conseguir el dinero que permita a sus hijos resolver este asunto pendiente. Allí radica una de las principales bondades del proyecto: Devolver la tranquilidad a miles de hogares en Colombia y en el Exterior, mediante el alivio económico que se lograría con la aprobación del proyecto.

Pero, ¿por qué la iniciativa está en capacidad de cruzar fronteras? En primer lugar, porque los jóvenes connacionales que hoy temen regresar al país a causa de esta incertidumbre, podrán solucionarla; en segundo lugar, porque legitima aún más el acompañamiento que la Dirección de Reclutamiento ha hecho en esta materia en USA y España principalmente; y en tercer lugar, porque la ley se convertirá en una solución inmediata que también permitirá la expedición de libretas militares fuera del país.

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Compromiso y cambio con urgencia, a favor de los niños Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Acaba de concluir el “mes de los niños”; 30 días que estuvieron ensombrecidos, una vez más, por los ultrajes de los que fueron víctimas. Los pocos que se conocieron en medios de comunicación son una muestra muy pequeña de lo que ocurre todos los días, centenares de veces, en nuestro territorio.

Insistimos en nuestra más enérgica voz de protesta, que condena violaciones, asesinatos y toda clase de abuso en contra de niñas, niños y adolescentes. Desde el Partido MIRA, fieles a nuestro compromiso e identidad, seguimos impulsando leyes y toda acción posible a favor de la prevención y defensa de sus derechos e integridad.

El endurecimiento de las sanciones en contra de quienes los vulneren, es una vía útil mientras la Convivencia con Respeto cala a profundidad en nuestra sociedad, hasta erradicar tan dolorosos fenómenos. La prevención y la pedagogía no pueden llevar solas semejante carga.

El Estado, en todas sus instancias y ámbitos, debe elevar su nivel de compromiso, cambio y respuesta a favor de los niños. Propuestas como la que presentamos hace meses para la creación de un Sistema de alerta y búsqueda de menores desaparecidos, ya debería ser Ley de la república, evitando que las víctimas se multipliquen cada día más.

Otro tanto sucede con la responsabilidad propia de padres, familiares y educadores. Quienes deberían ser la más cercana y fuerte barrera de protección para ellos, en muchos casos siguen sin asumir sus roles con la responsabilidad debida.

La mayoría de agresores se encuentran en el entorno familiar de los menores; en trágicos eventos algunos agentes del Estado han perpetrado ataques de esta clase, vulnerando todo valor y principio; es común y triste saber de padres que no se inquietan por ejercer supervisión y acompañamiento a sus hijos cuando navegan en la web o comparten en las redes sociales; incluso, como también en su momento lo pusimos en evidencia, los entornos escolares dejaron de ser lugar seguro para los niños, pues se cuentan por centenares los casos de quienes ejerciendo el profesorado, han aprovechado esa calidad para ultrajar a los niños.

¿Hasta cuándo? No tendría que ser necesaria una tragedia más para que el país entero tomara conciencia de la gravedad de la situación y cerrara filas en contra de estos males. El Compromiso y el Cambio no dan más espera.

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Justa Demanda Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Hace poco más de un mes alertamos desde este espacio sobre los incrementos en los precios del servicio público de acueducto y alcantarillado, que ya han empezado a operar por todo el país y que continuarán al alza, por lo menos, hasta el próximo año, por causa de la Resolución 750 de la CRA.

En vista de las circunstancias, hace sólo unos días demandamos la nulidad de la resolución que autoriza esos incrementos, por el perjuicio que ocasiona en el consumo básico de los hogares colombianos. En el Partido MIRA pensamos que es insostenible usar como pretexto una interpretación desproporcionada del “uso racional y eficiente del agua”, afectando a más de la mitad del país: Cerca de 30 millones de personas en los estratos 1, 2 y 3.

Los cálculos se hicieron con base en los suscriptores, olvidando el total de familias que se benefician del servicio; tampoco se tuvieron en cuenta los predios desocupados, que afectan los promedios de consumo. Esto, sumado a que los estratos 4, 5 y 6 y los predios de uso comercial no resultan cobijados con la medida, conduce a pensar que la verdadera preocupación no está enfocada en el “ahorro”, sino en el desmonte de los subsidios que en la actualidad benefician a las personas que requieren el apoyo del Estado.

La Superintendencia de Servicios Públicos ha estudiado el caso en más de la mitad de los municipios de Colombia, y encontró que los usuarios perjudicados ya se cuentan por millones. Es más, las empresas que prestan el servicio también se verían lesionadas, porque al comparar las suspensiones por no pago, entre diciembre de 2016 y enero de 2017, mes en que se aplicó el segundo reajuste, éstas aumentaron en un 116%; pasando de 101.000 a 218.000 suscriptores suspendidos, en sólo 500 municipios. ​​

También hay una lamentable relación directa entre los departamentos con mayor población vulnerable y los que salen más perjudicados con la resolución. Hablamos de Guaviare, Vichada, Vaupés, Caquetá y Putumayo. En el caso del Vichada, el estrato 1 es afectado en un 96% y en el Guaviare, en un 63%.

No nos oponemos a las medidas que estimulan el ahorro del agua, promoviendo el uso consciente y evitando el desperdicio; sin embargo, la disminución del subsidio, en perjuicio de la población más vulnerable, no es un camino justo.

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Entre víctimas y revictimización Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Uno de los debates sociales y humanitarios más importantes que debe asumir el país, es el relacionado con las víctimas. No puede verse como un asunto simple; menos como un requisito por cumplir para ganar en “legitimidad”; sino que se debe convertir en una discusión seria, responsable, que aborde el problema desde sus raíces, procurando con ello encontrar, proponer e implementar, medidas consistentes y concretas.

En el año 2011 fue expedida la ley 1448 conocida popularmente como la “ley de víctimas”. Gracias a ese trabajo conjunto de aquel entonces entre la sociedad en general, el Congreso y el Ejecutivo fue posible contar en Colombia con una norma que estableciera entre otras cosas, una serie de medidas a cargo del Estado, encaminadas a fortalecer los mecanismos de protección y reparación de las víctimas que el conflicto ha dejado por años.

No obstante, llama la atención que durante los últimos 4 años cerca de 600.000 familias hubiesen tenido que presentar tutelas, para que las ayudas humanitarias a las que tienen derecho, les fuesen otorgadas. De acuerdo con las investigaciones que sobre este particular ha realizado la Bancada del Partido MIRA en la Cámara de Representantes especialmente, esa es la cifra oficial que tuvo que manejar la Unidad de Víctimas a este respecto.

Otros datos que indican la necesidad de plantear nuevamente la problemática de las víctimas en el país, se pueden hallar en las sanciones que pesaban, por ejemplo, sobre la anterior directora de esta entidad al momento de apartarse del cargo en enero del año anterior. Se estima que sobre ella se encontraban vigentes 111 órdenes de arresto y una serie de multas que, sumadas todas, llegaban al monto de 461 millones de pesos. Es más, al momento de su salida de la dirección, estaban en trámite alrededor de 10.000 acciones judiciales entre desacatos y otras causas.

Naturalmente, registrar 8.405.265 personas y brindar algún tipo de asistencia o reparación a 6.366.598 de ellas, según la información del Registro Único de Víctimas a la fecha, es una tarea del mayor significado. No obstante, para quien fue obligado en virtud de las circunstancias a padecer un hecho victimizante, tener que acudir luego al sistema judicial para hacer valer sus derechos, se constituye en una carga adicional que no debería soportar. En tal sentido, un ajuste institucional aún más humanitario, sería más que bienvenido.

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