Columnas de opinión de Carlos Alberto Baena, Ex Senador y Presidente del Partido MIRA,  escritas con una redacción ágil y profunda y un estilo ameno y descriptivo, en las que da a conocer su punto de vista sobre diversos temas relevantes del  país.
A partir de un nuevo enfoque y de manera realista y concreta, Baena plantea y analiza en forma breve las diferentes situaciones, presentando un juicio crítico de los problemas y dando soluciones a través de argumentos y comentarios respetuosos.
Su agudeza crítica y su firmeza y convicción. hacen que sus escritos sean persuasivos y dejen inquietudes y reflexiones en la mente del lector.
Baena fue desde 2001 hasta 2009 Concejal de Bogotá,  habiendo sido elegido en seis ocasiones como el mejor concejal. En 2010 logró ser electo Senador de la República de Colombia.
Se ha caracterizado por ser un fuerte promotor de los derechos de las minorías étnicas, especialmente de las comunidades afrodescendientes en Colombia.

La paradoja de la reforma política Por: Carlos Alberto Baena López @Baena


De manera recurrente, desde el año 2003 hasta la fecha, se han presentado varias “reformas políticas” en Colombia; cada una en su oportunidad, ha pretendido introducir soluciones para los diversos problemas que aparecen asociados al ejercicio político. Si hay crisis de transparencia, legitimidad o institucional, se ha mirado con frecuencia hacia la modificación de la Constitución.

Ahora, en medio de la coyuntura social y política en la que el país se encuentra, el tema sale a relucir nuevamente. La firma definitiva del Acuerdo de Paz, o con mayor precisión, la implementación jurídica y administrativa que requieren muchos de los puntos allí consignados, demanda que se introduzcan algunas modificaciones a las reglas de juego políticas y electorales.

No obstante, si las propuestas que se han construido para estos efectos, en especial aquellas reunidas en el trabajo dedicado de la Misión Electoral Especial, no se ocupan de atender, desde la raíz, ciertos problemas estructurales que como Partido MIRA hemos señalado con insistencia, creemos que las inconsistencias y deficiencias del sistema continuarán presentes, dispersando la débil credibilidad ciudadana que afecta a buena parte de las instituciones.

Días atrás, en este mismo espacio, explicamos la inconveniencia que ofrece, desde nuestro punto de vista, la implementación de un voto obligatorio. Importar esta figura en la actualidad, perjudicaría de manera sensible los procesos de apertura democrática, tan necesarios en estos momentos de reconstrucción de tejido social, que más bien deben ser aprovechados para fortalecer desde la base, el desarrollo humano.

Por otro lado, elementos como la paridad de género en la conformación de las listas de candidatos, la conservación de la lista única y sin voto preferente, así como reglas en equidad para la financiación de Partidos y campañas políticas, se deben evaluar a favor del pluralismo, facilitando las condiciones para que las diferentes expresiones ciudadanas, sean de carácter nacional o regional, cuenten con espacios garantizados para la difusión amplia de sus planteamientos, así como de incidencia efectiva en la construcción de decisiones públicas.

Por último, es necesario recalcar que un débil favor se le haría a nuestra democracia, si se aprobara una nueva reforma política, conservando las instituciones y figuras obsoletas del Código Electoral, norma creada en 1986 y que, a manera de perversa paradoja, sobrevivió al cambio de la Constitución en 1991 y a todas las modificaciones que han surgido después.

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Corregir la inequidad detrás de la “situación militar sin definir” Por: Carlos Alberto Baena López @Baena


La definición de la situación militar para millones de jóvenes colombianos, continúa siendo un problema de difícil solución. Por causa de la ley 48 de 1993, vigente desde hace casi 25 años, quedó establecido que los remisos “serán sancionados con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada año de retardo o fracción”. ¿Esto qué representa? Que en la actualidad haya personas con sanciones que ascienden hasta
$14.754.340 cifra que, en muchos hogares, es imposible de pagar.

En términos aún más concretos: el valor de estas multas impide que un joven de escasos recursos pueda solucionar su situación militar. En consecuencia, su inserción en el mercado laboral y el acceso a la oferta educativa se convierten en una tarea muy compleja, perjudicando sus posibilidades de desarrollo humano y económico, así como las de los seres que se encuentran a su alrededor. 

Con el propósito de corregir esta fuente de inequidad, el Partido Político MIRA, con un especial liderazgo de la Representante por los Colombianos en el Exterior Ana Paola Agudelo, radicó un proyecto de ley que ayudará a resolver la situación militar para casi 1´200.000 jóvenes que se encuentran clasificados como inhábiles, exentos y remisos. En esencia, se contempla una amnistía para quienes pertenezcan a los estratos 1,2,3 y se encuentren sisbenizados. Podrán obtener su libreta militar tras pagar $147.550 pesos.

La iniciativa se suma a otras que radicamos en el pasado y que han pretendido resolver situaciones semejantes a favor de los jóvenes; por ejemplo, la eliminación del servicio militar obligatorio.

Contrario a lo que hoy ocurre con muchas familias de escasos recursos, creemos que no deberían ser forzadas a endeudarse para conseguir el dinero que permita a sus hijos resolver este asunto pendiente. Allí radica una de las principales bondades del proyecto: Devolver la tranquilidad a miles de hogares en Colombia y en el Exterior, mediante el alivio económico que se lograría con la aprobación del proyecto.

Pero, ¿por qué la iniciativa está en capacidad de cruzar fronteras? En primer lugar, porque los jóvenes connacionales que hoy temen regresar al país a causa de esta incertidumbre, podrán solucionarla; en segundo lugar, porque legitima aún más el acompañamiento que la Dirección de Reclutamiento ha hecho en esta materia en USA y España principalmente; y en tercer lugar, porque la ley se convertirá en una solución inmediata que también permitirá la expedición de libretas militares fuera del país.

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Compromiso y cambio con urgencia, a favor de los niños Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Acaba de concluir el “mes de los niños”; 30 días que estuvieron ensombrecidos, una vez más, por los ultrajes de los que fueron víctimas. Los pocos que se conocieron en medios de comunicación son una muestra muy pequeña de lo que ocurre todos los días, centenares de veces, en nuestro territorio.

Insistimos en nuestra más enérgica voz de protesta, que condena violaciones, asesinatos y toda clase de abuso en contra de niñas, niños y adolescentes. Desde el Partido MIRA, fieles a nuestro compromiso e identidad, seguimos impulsando leyes y toda acción posible a favor de la prevención y defensa de sus derechos e integridad.

El endurecimiento de las sanciones en contra de quienes los vulneren, es una vía útil mientras la Convivencia con Respeto cala a profundidad en nuestra sociedad, hasta erradicar tan dolorosos fenómenos. La prevención y la pedagogía no pueden llevar solas semejante carga.

El Estado, en todas sus instancias y ámbitos, debe elevar su nivel de compromiso, cambio y respuesta a favor de los niños. Propuestas como la que presentamos hace meses para la creación de un Sistema de alerta y búsqueda de menores desaparecidos, ya debería ser Ley de la república, evitando que las víctimas se multipliquen cada día más.

Otro tanto sucede con la responsabilidad propia de padres, familiares y educadores. Quienes deberían ser la más cercana y fuerte barrera de protección para ellos, en muchos casos siguen sin asumir sus roles con la responsabilidad debida.

La mayoría de agresores se encuentran en el entorno familiar de los menores; en trágicos eventos algunos agentes del Estado han perpetrado ataques de esta clase, vulnerando todo valor y principio; es común y triste saber de padres que no se inquietan por ejercer supervisión y acompañamiento a sus hijos cuando navegan en la web o comparten en las redes sociales; incluso, como también en su momento lo pusimos en evidencia, los entornos escolares dejaron de ser lugar seguro para los niños, pues se cuentan por centenares los casos de quienes ejerciendo el profesorado, han aprovechado esa calidad para ultrajar a los niños.

¿Hasta cuándo? No tendría que ser necesaria una tragedia más para que el país entero tomara conciencia de la gravedad de la situación y cerrara filas en contra de estos males. El Compromiso y el Cambio no dan más espera.

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Justa Demanda Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Hace poco más de un mes alertamos desde este espacio sobre los incrementos en los precios del servicio público de acueducto y alcantarillado, que ya han empezado a operar por todo el país y que continuarán al alza, por lo menos, hasta el próximo año, por causa de la Resolución 750 de la CRA.

En vista de las circunstancias, hace sólo unos días demandamos la nulidad de la resolución que autoriza esos incrementos, por el perjuicio que ocasiona en el consumo básico de los hogares colombianos. En el Partido MIRA pensamos que es insostenible usar como pretexto una interpretación desproporcionada del “uso racional y eficiente del agua”, afectando a más de la mitad del país: Cerca de 30 millones de personas en los estratos 1, 2 y 3.

Los cálculos se hicieron con base en los suscriptores, olvidando el total de familias que se benefician del servicio; tampoco se tuvieron en cuenta los predios desocupados, que afectan los promedios de consumo. Esto, sumado a que los estratos 4, 5 y 6 y los predios de uso comercial no resultan cobijados con la medida, conduce a pensar que la verdadera preocupación no está enfocada en el “ahorro”, sino en el desmonte de los subsidios que en la actualidad benefician a las personas que requieren el apoyo del Estado.

La Superintendencia de Servicios Públicos ha estudiado el caso en más de la mitad de los municipios de Colombia, y encontró que los usuarios perjudicados ya se cuentan por millones. Es más, las empresas que prestan el servicio también se verían lesionadas, porque al comparar las suspensiones por no pago, entre diciembre de 2016 y enero de 2017, mes en que se aplicó el segundo reajuste, éstas aumentaron en un 116%; pasando de 101.000 a 218.000 suscriptores suspendidos, en sólo 500 municipios. ​​

También hay una lamentable relación directa entre los departamentos con mayor población vulnerable y los que salen más perjudicados con la resolución. Hablamos de Guaviare, Vichada, Vaupés, Caquetá y Putumayo. En el caso del Vichada, el estrato 1 es afectado en un 96% y en el Guaviare, en un 63%.

No nos oponemos a las medidas que estimulan el ahorro del agua, promoviendo el uso consciente y evitando el desperdicio; sin embargo, la disminución del subsidio, en perjuicio de la población más vulnerable, no es un camino justo.

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Entre víctimas y revictimización Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Uno de los debates sociales y humanitarios más importantes que debe asumir el país, es el relacionado con las víctimas. No puede verse como un asunto simple; menos como un requisito por cumplir para ganar en “legitimidad”; sino que se debe convertir en una discusión seria, responsable, que aborde el problema desde sus raíces, procurando con ello encontrar, proponer e implementar, medidas consistentes y concretas.

En el año 2011 fue expedida la ley 1448 conocida popularmente como la “ley de víctimas”. Gracias a ese trabajo conjunto de aquel entonces entre la sociedad en general, el Congreso y el Ejecutivo fue posible contar en Colombia con una norma que estableciera entre otras cosas, una serie de medidas a cargo del Estado, encaminadas a fortalecer los mecanismos de protección y reparación de las víctimas que el conflicto ha dejado por años.

No obstante, llama la atención que durante los últimos 4 años cerca de 600.000 familias hubiesen tenido que presentar tutelas, para que las ayudas humanitarias a las que tienen derecho, les fuesen otorgadas. De acuerdo con las investigaciones que sobre este particular ha realizado la Bancada del Partido MIRA en la Cámara de Representantes especialmente, esa es la cifra oficial que tuvo que manejar la Unidad de Víctimas a este respecto.

Otros datos que indican la necesidad de plantear nuevamente la problemática de las víctimas en el país, se pueden hallar en las sanciones que pesaban, por ejemplo, sobre la anterior directora de esta entidad al momento de apartarse del cargo en enero del año anterior. Se estima que sobre ella se encontraban vigentes 111 órdenes de arresto y una serie de multas que, sumadas todas, llegaban al monto de 461 millones de pesos. Es más, al momento de su salida de la dirección, estaban en trámite alrededor de 10.000 acciones judiciales entre desacatos y otras causas.

Naturalmente, registrar 8.405.265 personas y brindar algún tipo de asistencia o reparación a 6.366.598 de ellas, según la información del Registro Único de Víctimas a la fecha, es una tarea del mayor significado. No obstante, para quien fue obligado en virtud de las circunstancias a padecer un hecho victimizante, tener que acudir luego al sistema judicial para hacer valer sus derechos, se constituye en una carga adicional que no debería soportar. En tal sentido, un ajuste institucional aún más humanitario, sería más que bienvenido.

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La Otra Reconstrucción Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Los sentimientos que generan los más recientes acontecimientos sucedidos en Mocoa, la capital del departamento del Putumayo (Colombia), son de todo orden. Hay voces, no pocas, que se refieren a los hechos como una “tragedia anunciada”. En el otro extremo, también con argumentos válidos, señalan que este caso en particular fue de carácter “fortuito”, un hecho aislado de la naturaleza cuya magnitud era imposible de anticipar.

No se puede ignorar el dolor que se transforma en un desafío para personas, familias, gobierno y un pueblo entero que ha perdido a centenares de sus miembros, entre los cuales, aproximadamente, una tercera parte son niños y niñas.

En medio del panorama abrumador, sobresale el espíritu de quienes a pesar de haber perdido todos sus bienes o incluso, seres queridos, expresan su alegría y agradecimiento, pues les fue permitido conservar su vida. En ellos, se notan fuerza y anhelos renovados para salir adelante, en medio de la adversidad que los rodeó.

Por otra parte, es positivo ver la expresión material de solidaridad que se vuelca a favor de los sobrevivientes. Al margen de los millones de dólares que han aportado gobiernos extranjeros y grupos económicos, el sentimiento general de los colombianos que han canalizado sus donaciones mediante colegios, gobierno, organizaciones y fundaciones, es ejemplar. Diariamente llegan toneladas de ayudas a Mocoa, que son indispensables para sustentar, entre todos, estos momentos tan complejos.

Ahora bien, al levantar la mirada con la pretensión de prever lo que resultará necesario en el futuro cercano, se deben tener, cuando menos, dos perspectivas muy presentes. La primera de ellas, y al mismo tiempo la más evidente, debe atender todo lo relacionado con la reconstrucción material que demanda la población afectada y su entorno en general.

La segunda perspectiva planea a largo plazo y sienta las bases para que el futuro sí sea mejor. Es aquella “otra reconstrucción”: La que piensa en las familias desmembradas por los acontecimientos; la que fomenta posibilidades que antes no eran contempladas; la que ayuda a recomponer planes de vida;  la que fortalece los valores individuales y colectivos en la sociedad.

Como algunos líderes del Partido MIRA lo han señalado en días anteriores, se trata de la reconstrucción del Tejido Social, esencial para que la esperanza quede bien cimentada desde su base, por oportunidades para un desarrollo protegido, que pueda encontrar más pronto que tarde, sus mejores versiones y formas de expresión.

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El sistema de transporte: Debilidad y necesidad Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Colombia afronta un problema diario, recurrente y que afecta a gran parte de su población, sobre todo aquella que vive en los centros urbanos: La debilidad de sus sistemas de transporte público. A diario, millones de personas los usan por todo el territorio y las quejas sobre la falta de buses disponibles, la incomodidad en el servicio, la inseguridad para los pasajeros y conductores o el insuficiente alcance de las rutas, se han vuelto asunto permanente. La situación está próxima a agravarse, porque las pérdidas que afrontan las empresas operadoras de los “masivos” son multimillonarias.

De acuerdo con los análisis del Partido MIRA en el Congreso de la República, al tomar como base las cifras aportadas por el Ministerio de Transporte y Transmilenio, el déficit, en miles de millones de pesos, es el siguiente: Medellín, 15.664; Pereira, 17.261; Neiva, 27.231; Barranquilla, 95.417; Bucaramanga, 132.000; Cali, 290.519; y Bogotá, 674.738.

Los altos índices de accidentalidad, que involucran a 7 vehículos de servicio público por hora en Colombia, también juegan un papel importante. A esto, se debe sumar la precaria cobertura, que va desde un modesto 19% en Cartagena, hasta un 78% en Medellín, pasando por porcentajes de 32, 41 y 48% en las ciudades más pobladas de Colombia. El panorama, en las demás entidades territoriales, no parece ser mejor.

Por eso, no es extraño que las personas prefieran atender su necesidad de movilidad con la búsqueda de alternativas diferentes. Muestra de ello es que la compra de motos entre los potenciales usuarios de transporte público, se ha incrementado recientemente en más del 60%. También, el uso diario de la bicicleta es una alternativa que cada día cobra más fuerza, frente las debilidades del sistema.

Como quiera que los “Sistemas Estratégicos de Transporte Público” están presentes en otras ciudades, allí no se pueden repetir los errores de los “Masivos”. Los estudios sobre la demanda de pasajeros, deben ser precisos; la planeación y el correcto diseño de las rutas debe atender las necesidades de los usuarios; las condiciones de bienestar y seguridad tienen que ser asunto de alta prioridad.

Pero lo más importante, es el valor de los pasajes. Aquí, es indispensable que se tenga en cuenta la realidad socieconómica de las personas al momento de establecerlo. En definitiva, si los precios son altos, los pasajeros continuarán migrando hacia otras formas de transporte.

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Equidad de Género: Del Discurso a los Hechos Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Con frecuencia se escuchan argumentos a favor de la equidad de género provenientes de personas, instituciones y gobiernos. Como quiera que durante milenios, la mujer ha sido objeto de diferenciaciones injustificadas con base en el único hecho de su ser femenino, estos planteamientos siempre resultan bienvenidos porque ayudan a mantener visible y vigente una problemática cuya existencia es innegable.

Sin embargo, hay que preguntarse cuántas de esas palabras que comunican buenas intenciones, se traslada a resultados que involucren beneficios, traduciéndose en acciones concretas a favor de la mujer, para equilibrar las situaciones desventajosas. Entonces, cuando se mira con detenimiento, la conclusión obligada es que aún queda bastante por hacer desde el barrio o el municipio, hasta las políticas públicas y acciones de carácter nacional e internacional.

De nuestra parte, en el Movimiento MIRA estamos convencidos, no sólo ahora sino desde siempre, del importante rol de la mujer, que no se circunscribe a los campos dentro de los cuales ha sido históricamente confinada, sino en toda área susceptible de la acción y el conocimiento humanos.

En política por ejemplo, es imprescindible que la mujer cuente con oportunidades reales de acceder al poder público en condiciones de equidad y una vez allí, que pueda incidir en la construcción de las decisiones. Sabiendo esto, implementamos el “Sistema Cremallera” combinándolo con las listas cerradas. Esto significa que mujeres y hombres se alternan como candidatos en las listas del Movimiento. Así, cuando son elegidos, se mantiene la paridad en la composición final de los cargos a los que aspiraban.

De este modo se garantiza que la participación de ellas supere la “tercera parte” del total de la lista, que es el mínimo legal exigido en Colombia, y que los hombres, quienes cuentan con una posición tradicional en este campo, no opaquen a las mujeres en un esquema de lista abierta, conduciéndolas “sutilmente” a la exclusión política.

En MIRA, ellas también lideran de manera preferente las candidaturas y ocupan la mayoría de los cargos directivos del Movimiento.

Además, procuramos la proyección de estas buenas prácticas internas hacia otros escenarios, al promover constantemente variadas iniciativas legislativas a favor de los derechos económicos y civiles de las mujeres. Así, cuestiones como la equidad salarial entre géneros, las sanciones al feminicidio, o licencias de maternidad más amplias, hoy ganan espacio entre nosotros, gracias al respaldo normativo que las precede, el cual, años atrás, brillaba por su ausencia.

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Diario del Huila

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De los valores en la política Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

En tiempos de aparente confusión, cuando la información que proviene de las fuentes más diversas colma todo espacio de opinión a causa de la abundancia de sus contenidos, son recomendables la reflexión y el análisis. Esto permite mayor claridad al tomar decisiones y regresar a lo fundamental. El presente de la política en Colombia así lo exige.

La importancia de guardar coherencia entre el discurso y los hechos debe ser ahora, más que nunca, apreciada y dignificada. La Política, una actividad honorable y respetable en sus orígenes, con el paso del tiempo ha perdido esas virtudes. Una de las principales causas de este fenómeno mundial, aunque con mayor incidencia en unos países que en otros, ha sido la decisión de quienes en ella participan y trabajan, de hacer a un lado los valores que deben inspirar su trabajo.

Un primer ejemplo, puede hallarse en la persona que antepone sus pretensiones individuales, sobre las de todo el conglomerado que representa. Naturalmente, esto va en contra vía de la esencia misma de la Política. Quien así quiera proceder, debería dedicarse a otros menesteres, mas no a los asuntos públicos, porque estos demandan que primero sea lo general y luego lo personal.

El segundo, consiste enHacer el Trabajo que, por causa de la labor política, el pueblo ha confiado a sus representantes e instituciones. El ejercicio político, bien entendido y bien hecho, demanda auténtica entrega. Es una vocación real que demanda disposición y actitud permanentes. Cuando este enfoque no está presente, los resultados positivos en beneficio de la comunidad son escasos, o, en algunos eventos, inexistentes.

Y un tercer ejemplo, sin pretender agotar con estos tres todo el panorama, se encuentra en recorrer el camino necesario, sin pretender acortarlo con atajos inapropiados. El éxito en la política, que no siempre equivale a ganar las elecciones, requiere lazos estrechos y sólidos entre la ciudadanía, sus partidos políticos y los representantes. Cuando se exploran vías “más fáciles o más veloces” para establecer estos vínculos, los resultados no traen consigo la satisfacción del deber cumplido, por las deficiencias del procedimiento escogido.

La Política, insistimos, sigue siendo una labor digna que, para colmarla de lo que eso significa y obtener el favor ciudadano, debe ser entendida, y practicada, dentro del marco de los Valores. Esa es la ruta, permanente e invariable, aunque transcurra el tiempo, y también las edades.

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Diario del Huila

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Incrementos “Gota a Gota” Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Las tarifas del agua en Colombia se han incrementado. El valor que las personas pagan por tener en sus casas el servicio público de acueducto y alcantarillado, comienza a sufrir alzas importantes que, en los estratos 1, 2 y 3, se sentirán con mayor intensidad.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, expidió el año pasado la Resolución 750 subiendo los costos, justificando la medida en mejorar los índices de ahorro y estimular el uso eficiente del agua por parte de todas las familias en Colombia.

Sin embargo, la reducción en el consumo básico de los hogares es más que restrictiva. Por ejemplo, en las ciudades ubicadas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, la Resolución de la CRA indica que las casas en las que utilizan 20 metros cúbicos de agua, sólo podrá disponer de 11.

En el caso del estrato 1 en Bogotá, la primera factura de este año, que está próxima a llegar, se incrementará en un 58% si se consumen los tradicionales 20 metros cúbicos. En dinero, esto equivale a 32 mil pesos más. Dentro de un año, en el 2018, la situación será aún peor, pues el alza será del 105%, es decir, de 56.500 pesos.

El perjuicio alcanzaría, sólo en la Capital de la República, a alrededor de 400.000 familias, prácticamente la tercera parte de los usuarios del servicio. En todo el país, se verían afectados cerca de 8 millones de suscriptores.

Lo que es aún más lamentable, es que la aplicación de esa resolución desconoce la realidad actual respecto del consumo. Luego de la crisis energética, el país sigue haciendo bien la tarea de usar razonablemente el agua. Las metas de ahorro se están cumpliendo con regularidad. Por lo tanto, aunque es cierto y necesario ser cuidadosos en el consumo y el gobierno debe velar porque ese sea el comportamiento general, la reducción de los niveles básicos como se encuentra regulada, se convierte en una medida desproporcionada.

Estas consideraciones nos condujeron, como Movimiento MIRA en el Congreso, a solicitar formalmente a la CRA que derogue la resolución. Mantener vigente la norma, acrecentaría la problemática social y profundizaría la inequidad, pues desconoce la realidad por la que atraviesa el país, mientras que establece diferencias injustificadas con otros usos y estratos del servicio público del agua.

Columna publicada en el diario impreso:

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