Columnas de opinión de Carlos Alberto Baena, Ex Senador y Presidente del Partido MIRA,  escritas con una redacción ágil y profunda y un estilo ameno y descriptivo, en las que da a conocer su punto de vista sobre diversos temas relevantes del  país.
A partir de un nuevo enfoque y de manera realista y concreta, Baena plantea y analiza en forma breve las diferentes situaciones, presentando un juicio crítico de los problemas y dando soluciones a través de argumentos y comentarios respetuosos.
Su agudeza crítica y su firmeza y convicción. hacen que sus escritos sean persuasivos y dejen inquietudes y reflexiones en la mente del lector.
Baena fue desde 2001 hasta 2009 Concejal de Bogotá,  habiendo sido elegido en seis ocasiones como el mejor concejal. En 2010 logró ser electo Senador de la República de Colombia.
Se ha caracterizado por ser un fuerte promotor de los derechos de las minorías étnicas, especialmente de las comunidades afrodescendientes en Colombia.

Mujer, campo y deuda social Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Existen deudas sociales en nuestro país que se han vuelto persistentes. Mientras pasan años, gobiernos e instituciones, la situación de ciertas familias y grupos vulnerables parece cambiar muy poco, para bien. Esa, por citar solamente un ejemplo, parece ser la realidad de la mujer que vive en el campo y ha sido víctima de alguna forma de violencia, en relación con la escasa y muchas veces nula oportunidad de acceder a la educación formal.

Desde el Partido MIRA, de nuevo, se ha radicado una iniciativa legal, pretendiendo con ella que sean abiertas las “Aulas del Campo”. El proyecto, que se espera sea acompañado masivamente por el Gobierno Nacional y las demás bancadas presentes en el Congreso de la República, desea beneficiar a las mujeres rurales cuyas condiciones económicas sean deficientes y se encuentren demostradas; también a las madres cabeza de familia y a aquellas que fueron víctimas del conflicto armado, junto con sus hijos.

La iniciativa consiste entonces, en que esta población, en virtud de la debilidad manifiesta en la que se encuentra, pueda acceder de manera gratuita a todos los niveles sin excepción, de educación formal, incluidas la educación técnica, tecnológica, profesional y la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

El debate, liderado en esta ocasión por nuestra Representante Guillermina Bravo Montaño, única mujer congresista y afrodescendiente en la actualidad, también prevé un comprometido impulso que debe dar el Ministerio de Educación, el cual deberá promover que las diversas Instituciones de Educación Superior de naturaleza privada presentes en Colombia, creen y desarrollen programas sociales de apoyo y asistencia a las víctimas de la violencia, caracterizados por costos mínimos de matrícula. También gestionará que en estos programas, las facilidades en el otorgamiento de créditos y subsidios del ICETEX, sean una realidad.

Además, el proyecto de ley que se ha presentado reconoce la dinámica que posee aquella relación entre educación y mantenimiento económico de tantas familias en Colombia. Por eso, determina que el Gobierno también gestione diversos mecanismos enfocados a fortalecer y mejorar las posibilidades de las organizaciones de mujeres, en especial, en aquellos proyectos que sean sostenibles en sus facetas social, ambiental y económica.

Al convertirse en ley de la república, será un aporte importante que visto a largo plazo, se encuentra orientado con claridad y consistencia, a reducir la inequidad.

Columna publicada en el diario impreso:

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La paradoja de la reforma política Por: Carlos Alberto Baena López @Baena


De manera recurrente, desde el año 2003 hasta la fecha, se han presentado varias “reformas políticas” en Colombia; cada una en su oportunidad, ha pretendido introducir soluciones para los diversos problemas que aparecen asociados al ejercicio político. Si hay crisis de transparencia, legitimidad o institucional, se ha mirado con frecuencia hacia la modificación de la Constitución.

Ahora, en medio de la coyuntura social y política en la que el país se encuentra, el tema sale a relucir nuevamente. La firma definitiva del Acuerdo de Paz, o con mayor precisión, la implementación jurídica y administrativa que requieren muchos de los puntos allí consignados, demanda que se introduzcan algunas modificaciones a las reglas de juego políticas y electorales.

No obstante, si las propuestas que se han construido para estos efectos, en especial aquellas reunidas en el trabajo dedicado de la Misión Electoral Especial, no se ocupan de atender, desde la raíz, ciertos problemas estructurales que como Partido MIRA hemos señalado con insistencia, creemos que las inconsistencias y deficiencias del sistema continuarán presentes, dispersando la débil credibilidad ciudadana que afecta a buena parte de las instituciones.

Días atrás, en este mismo espacio, explicamos la inconveniencia que ofrece, desde nuestro punto de vista, la implementación de un voto obligatorio. Importar esta figura en la actualidad, perjudicaría de manera sensible los procesos de apertura democrática, tan necesarios en estos momentos de reconstrucción de tejido social, que más bien deben ser aprovechados para fortalecer desde la base, el desarrollo humano.

Por otro lado, elementos como la paridad de género en la conformación de las listas de candidatos, la conservación de la lista única y sin voto preferente, así como reglas en equidad para la financiación de Partidos y campañas políticas, se deben evaluar a favor del pluralismo, facilitando las condiciones para que las diferentes expresiones ciudadanas, sean de carácter nacional o regional, cuenten con espacios garantizados para la difusión amplia de sus planteamientos, así como de incidencia efectiva en la construcción de decisiones públicas.

Por último, es necesario recalcar que un débil favor se le haría a nuestra democracia, si se aprobara una nueva reforma política, conservando las instituciones y figuras obsoletas del Código Electoral, norma creada en 1986 y que, a manera de perversa paradoja, sobrevivió al cambio de la Constitución en 1991 y a todas las modificaciones que han surgido después.

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Corregir la inequidad detrás de la “situación militar sin definir” Por: Carlos Alberto Baena López @Baena


La definición de la situación militar para millones de jóvenes colombianos, continúa siendo un problema de difícil solución. Por causa de la ley 48 de 1993, vigente desde hace casi 25 años, quedó establecido que los remisos “serán sancionados con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada año de retardo o fracción”. ¿Esto qué representa? Que en la actualidad haya personas con sanciones que ascienden hasta
$14.754.340 cifra que, en muchos hogares, es imposible de pagar.

En términos aún más concretos: el valor de estas multas impide que un joven de escasos recursos pueda solucionar su situación militar. En consecuencia, su inserción en el mercado laboral y el acceso a la oferta educativa se convierten en una tarea muy compleja, perjudicando sus posibilidades de desarrollo humano y económico, así como las de los seres que se encuentran a su alrededor. 

Con el propósito de corregir esta fuente de inequidad, el Partido Político MIRA, con un especial liderazgo de la Representante por los Colombianos en el Exterior Ana Paola Agudelo, radicó un proyecto de ley que ayudará a resolver la situación militar para casi 1´200.000 jóvenes que se encuentran clasificados como inhábiles, exentos y remisos. En esencia, se contempla una amnistía para quienes pertenezcan a los estratos 1,2,3 y se encuentren sisbenizados. Podrán obtener su libreta militar tras pagar $147.550 pesos.

La iniciativa se suma a otras que radicamos en el pasado y que han pretendido resolver situaciones semejantes a favor de los jóvenes; por ejemplo, la eliminación del servicio militar obligatorio.

Contrario a lo que hoy ocurre con muchas familias de escasos recursos, creemos que no deberían ser forzadas a endeudarse para conseguir el dinero que permita a sus hijos resolver este asunto pendiente. Allí radica una de las principales bondades del proyecto: Devolver la tranquilidad a miles de hogares en Colombia y en el Exterior, mediante el alivio económico que se lograría con la aprobación del proyecto.

Pero, ¿por qué la iniciativa está en capacidad de cruzar fronteras? En primer lugar, porque los jóvenes connacionales que hoy temen regresar al país a causa de esta incertidumbre, podrán solucionarla; en segundo lugar, porque legitima aún más el acompañamiento que la Dirección de Reclutamiento ha hecho en esta materia en USA y España principalmente; y en tercer lugar, porque la ley se convertirá en una solución inmediata que también permitirá la expedición de libretas militares fuera del país.

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Compromiso y cambio con urgencia, a favor de los niños Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Acaba de concluir el “mes de los niños”; 30 días que estuvieron ensombrecidos, una vez más, por los ultrajes de los que fueron víctimas. Los pocos que se conocieron en medios de comunicación son una muestra muy pequeña de lo que ocurre todos los días, centenares de veces, en nuestro territorio.

Insistimos en nuestra más enérgica voz de protesta, que condena violaciones, asesinatos y toda clase de abuso en contra de niñas, niños y adolescentes. Desde el Partido MIRA, fieles a nuestro compromiso e identidad, seguimos impulsando leyes y toda acción posible a favor de la prevención y defensa de sus derechos e integridad.

El endurecimiento de las sanciones en contra de quienes los vulneren, es una vía útil mientras la Convivencia con Respeto cala a profundidad en nuestra sociedad, hasta erradicar tan dolorosos fenómenos. La prevención y la pedagogía no pueden llevar solas semejante carga.

El Estado, en todas sus instancias y ámbitos, debe elevar su nivel de compromiso, cambio y respuesta a favor de los niños. Propuestas como la que presentamos hace meses para la creación de un Sistema de alerta y búsqueda de menores desaparecidos, ya debería ser Ley de la república, evitando que las víctimas se multipliquen cada día más.

Otro tanto sucede con la responsabilidad propia de padres, familiares y educadores. Quienes deberían ser la más cercana y fuerte barrera de protección para ellos, en muchos casos siguen sin asumir sus roles con la responsabilidad debida.

La mayoría de agresores se encuentran en el entorno familiar de los menores; en trágicos eventos algunos agentes del Estado han perpetrado ataques de esta clase, vulnerando todo valor y principio; es común y triste saber de padres que no se inquietan por ejercer supervisión y acompañamiento a sus hijos cuando navegan en la web o comparten en las redes sociales; incluso, como también en su momento lo pusimos en evidencia, los entornos escolares dejaron de ser lugar seguro para los niños, pues se cuentan por centenares los casos de quienes ejerciendo el profesorado, han aprovechado esa calidad para ultrajar a los niños.

¿Hasta cuándo? No tendría que ser necesaria una tragedia más para que el país entero tomara conciencia de la gravedad de la situación y cerrara filas en contra de estos males. El Compromiso y el Cambio no dan más espera.

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Justa Demanda Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Hace poco más de un mes alertamos desde este espacio sobre los incrementos en los precios del servicio público de acueducto y alcantarillado, que ya han empezado a operar por todo el país y que continuarán al alza, por lo menos, hasta el próximo año, por causa de la Resolución 750 de la CRA.

En vista de las circunstancias, hace sólo unos días demandamos la nulidad de la resolución que autoriza esos incrementos, por el perjuicio que ocasiona en el consumo básico de los hogares colombianos. En el Partido MIRA pensamos que es insostenible usar como pretexto una interpretación desproporcionada del “uso racional y eficiente del agua”, afectando a más de la mitad del país: Cerca de 30 millones de personas en los estratos 1, 2 y 3.

Los cálculos se hicieron con base en los suscriptores, olvidando el total de familias que se benefician del servicio; tampoco se tuvieron en cuenta los predios desocupados, que afectan los promedios de consumo. Esto, sumado a que los estratos 4, 5 y 6 y los predios de uso comercial no resultan cobijados con la medida, conduce a pensar que la verdadera preocupación no está enfocada en el “ahorro”, sino en el desmonte de los subsidios que en la actualidad benefician a las personas que requieren el apoyo del Estado.

La Superintendencia de Servicios Públicos ha estudiado el caso en más de la mitad de los municipios de Colombia, y encontró que los usuarios perjudicados ya se cuentan por millones. Es más, las empresas que prestan el servicio también se verían lesionadas, porque al comparar las suspensiones por no pago, entre diciembre de 2016 y enero de 2017, mes en que se aplicó el segundo reajuste, éstas aumentaron en un 116%; pasando de 101.000 a 218.000 suscriptores suspendidos, en sólo 500 municipios. ​​

También hay una lamentable relación directa entre los departamentos con mayor población vulnerable y los que salen más perjudicados con la resolución. Hablamos de Guaviare, Vichada, Vaupés, Caquetá y Putumayo. En el caso del Vichada, el estrato 1 es afectado en un 96% y en el Guaviare, en un 63%.

No nos oponemos a las medidas que estimulan el ahorro del agua, promoviendo el uso consciente y evitando el desperdicio; sin embargo, la disminución del subsidio, en perjuicio de la población más vulnerable, no es un camino justo.

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