Opinión: Ampliar el Debate sobre la Reforma a la Justicia

Senador_CarlosBaenaPara nadie es innegable la importancia de avanzar en la reforma a la justicia y en ese entendido, es particularmente significativo el esfuerzo del Gobierno Santos también por articular acciones conjuntas y de colaboración de poderes con las Altas Cortes y en general con la rama jurisdiccional.

Por eso, el escenario de la Mesa de Justicia instalado recientemente fue el inicio de un debate y unas deliberaciones que deben ampliarse. Hay que destacar que el proyecto del Gobierno apunta a crear seguridad jurídica y propone mecanismos para aminorar el impacto económico de decisiones legislativas o judiciales. En todo caso sería deseable que el proyecto fuera complementado con la exposición de motivos que nos daría las claridades acerca de los objetivos y estrategias del Gobierno para enfrentar entre otros problemas la congestión judicial. Se requiere en consecuencia conocer cuál es el hilo conceptual del proyecto.

Hay disposiciones interesantes como la regulación en materia de las tutelas frente a las decisiones judiciales, en especial las de las Altas Cortes, de modo que se prevén mecanismos para evitar el choque de trenes. Igualmente el criterio de obligatoriedad de la jurisprudencia es un avance en términos de estabilidad jurídica, lo cual obliga a crear mecanismos de amplia información y sistematización para la unificación de fallos jurisdiccionales. Asimismo, la inclusión como partes del proceso de las víctimas del conflicto armado es una norma que va a posibilitar una justa reparación a las mismas.

No es clara la inclusión por razones de conexidad con la reforma a la justicia, de una disposición sobre la forma de elegir al Contralor General, sin embargo no es menos cierto que resulta novedosa y equitativa la propuesta del Ministro del Interior en el sentido de que ese cargo sea ocupado por meritocracia y no por los partidos miembros de la coalición de Gobierno. Lo deseable es que se adicione la norma dándole participación a los partidos independientes.

Como ha habido tanta discusión sobre la continuidad o no del Consejo Superior de la Judicatura, nos parece que hay que ser muy cuidadosos frente a esta decisión y ampliar el debate, en razón a que dicho organismo es quien juzga disciplinariamente a los jueces y por tanto se requiere dotarlo de la debida autonomía e independencia frente al Gobierno para el ejercicio de esas importantísimas funciones.  Nos preocupa la propuesta del Gobierno en el sentido de que esta facultad pase al Procurador General, porque el origen de este funcionario según el texto de la reforma provendría de una terna elaborada por el Presidente de la República, lo cual implica un desbalance en el equilibrio de poderes. De igual manera si lo que se busca es agilidad en el juzgamiento disciplinario de los jueces, las decisiones de la Procuraduría serían objeto de recursos judiciales, lo que terminaría congestionando aun más la justicia del país.

Por  último, hay que garantizar un acompañamiento presupuestal en términos de bienestar a los funcionarios de la Rama Judicial, que no sólo a diario tienen que soportar un volumen incalculable de trabajo, sino que llevan la carga emocional de evacuar causas tan complejas como las relacionadas con el conflicto en Colombia. Se requiere mayor apoyo a ese talento humano y profesional. Indudablemente este tema también tendrá que analizarse en la discusión de la Reforma, por lo cual insistimos en que se debata con amplitud sobre la misma.

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