Pronunciamiento Público. “Audiencia de respuesta al Cabildo de SPD””

marin14Manifestación en Audiencia: Quiero en esta oportunidad, instar a los Honorables Concejales de Chinchiná, al Ministerio Público y a todos los organismos de Control que el día de hoy han confluido en respuesta al clamor de los usuarios y suscriptores de los servicios públicos de Acueducto, Aseo y Alcantarillado: Vocales de Control, miembros de la liga de usuarios y Veeduría Ciudadana, que ya no resisten más las injusticias que incentivan la pobreza, abusan del poder y no son coherentes con lo que se dice sobre la realidad local por parte del Gobierno local.

Sea lo primero, recordar el propósito del artículo 89 de la lay 142 de 1994 que plantea: que la contribución que se destina a los usuarios de menores ingresos por su condición económica, buscan superar el problema de insolvencia para asumir, por sí mismos, el costo de los servicios públicos.

En este sentido, los montos fijados en el decreto 057 que grava con el 50% de contribución, sobre el valor del consumo, a comerciantes, residenciales del estrato 5, y 30%  para industriales que subsidian los estratos 1, 2 y 3; ha manifestado el despacho de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante CIRCULAR INTERNA 20105000000144 de  2010 (Agosto 13) que la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el día 25 de marzo de 2010, anuló los artículos 3 y 7 del Decreto 057 de 2006, así como las expresiones “superiores al mínimo señalado en el artículo 3º del presente decreto” y “el mayor porcentaje entre el nivel mínimo establecido en el artículo 3º del presente decreto y” contenidas, respectivamente, en el inciso primero y en el parágrafo primero del artículo 5 del citado Decreto.

Sin embargo es claro que  no puede afectarse la aplicación de subsidios, pues de acuerdo con los artículos 51, 93 y 368 de la Constitución, es inconstitucional la suspensión de los mismos en materia de servicios públicos domiciliarios. Pero el artículo 2° de la Ley 632 de 2000 dispuso que el factor  o porcentaje a que se refiere el artículo 89.1 de la Ley 142 de 1994, se puede ajustar al porcentaje necesario para asegurar que el monto de las contribuciones sea suficiente para cubrir los subsidios que se apliquen, de acuerdo con los límites establecidos en dicha ley, en la proporción que resulte necesaria para mantener el equilibrio. El Decreto 1013 de 2005 establece la metodología que debe seguirse con el objeto de lograr el equilibrio de que trata la Ley 632 de 2000.

Desde este punto de vista, hablamos de un porcentaje no determinado per si determinable a luz de la propia legislación que dice que no puede exceder el 20%. Dentro de esta metodología se resalta el deber que tiene el concejo municipal o distrital de definir, mediante acuerdo, y conjuntamente con el presupuesto del respectivo ente territorial, el porcentaje de aporte solidario o contribución necesario para garantizar el equilibrio.

Pero esta cuestión del porcentaje determinable, ha sido desarrollada por el  CONCEPTO SSPD-OJ-2010-254 la Superintendencia,  que expresó que el legislador en virtud de su facultad determinó que el porcentaje se establecería simplemente sobre el “valor del servicio prestado” y que no le es dable al interprete entrar a señalar criterio alguno sobre el particular, por lo que se considera que este porcentaje aplica sobre el total del valor del servicio establecido en la factura.

Ya otra cosa es el déficit que se generaría dentro del fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, cuya responsabilidad es exclusiva del Municipio, y para prever estas situaciones claramente la legislación ha habilitado unas fuentes de financiación contenidas en el art. 100 de ley, como el 10% de lo recaudado por predial. La realidad  de Chinchiná,  es que este sector está asumiendo la mayor parte de los subsidios para los estratos 1, 2, 3 y no se siente conforme con la facturación de estos servicios precisamente por el sobrecosto que se genera, y esto hay que definirlo de fondo.

Tenemos que hablar de una responsabilidad compartida, porque aunque la Administración Municipal en el marco del Plan Departamental de Aguas ya entregó la responsabilidad de la calidad y suministro de los servicios en comento, es responsable de la imposición contributiva que se carga para no asumir su deber frente al equilibrio de las cargas para la prestación de este servicio. El Plan Departamental de Aguas no ha dimensionado las proporciones de la problemática chinchinense, pero lo que la gente busca es un responsable que mitigue los efectos de tantas decisiones tomadas a la ligera y por intereses políticos.

La única oportunidad que tienen los usuarios de Chinchiná es contar con una voluntad política local, que le permita exigir del operador del servicio la realización  de las obras que deben priorizarse, y bajo el compromiso de la Administración de continuar con el cumplimiento de sus responsabilidades en ampliación y recuperación de la malla vial interna, respetando el bolsillo de la comunidad; y en esto también entra el comercio, quien tiene que enfrentar cada mes el tema de la facturación con un sobrecosto impuesto por acuerdo municipal que omite el tema de legalidad.

Situación similar, diríamos que padecen  al momento de pagar la facturación por consumo de energía, pues a la hora de cargar el impuesto de alumbrado público que se genera, dentro de este recargo se está cobrando también la semaforización, cuando la responsabilidad de este tema no tiene por qué ser cargada la canasta del consumidor, que ni siquiera tiene vehículo automotor de propiedad en su mayoría. Estas incoherencias, no nos permiten ser prácticos en el esquema de Administración de bienes y servicios que se enervan por medio de la política, y la única esperanza de nuestro pueblo chinchinense será la de  que sus operadores y su administración asuman la “responsabilidad compartida” para mitigar los efectos de las malas decisiones.

Será necesario que el Ministerio Público coadyuve con este control y facilite la toma de decisiones que mejor beneficie a los usuarios porque es claro que no ha habido un eco en el tema de la prestación y facturación de los servicios públicos por falta de una política pública con calidad. Un ejemplo de carencia de política pública se tiene, frente a los casi 3.000 millones de pesos que se presupuestaron para malla vial local (ampliación y recuperación) y calidad y mantenimiento de servicios públicos dentro del Plan de Desarrollo, de los cuales casi el 80% de los recursos girados por SGP se focalizaron en la realización de las obras del parque,  pero no se distribuyeron en las comunidades realmente necesitadas quienes ahora tendrán que seguir esperando hasta que haya un compromiso compartido por parte de sus administraciones.

Por lo anteriormente expuesto, pido ante el Concejo analizar con autocrítica la urgencia de que los operadores del servicio asuman en este momento un compromiso de fondo frente a la solución del problema de barrio en cuanto a calidad y cobertura del acueducto y el alcantarillado de manera solidaria, que el mismo se eleve a un acta y que sea fiscalizada por el Ministerio Público; asimismo, el desmonte del sobrecargo en la tarifa con la que tienen que contribuir los comerciantes de Chinchiná y el análisis meticuloso de la liquidación y-o suscripción de convenios con nuevos operadores del servicio frente a lo cual además de tener muy presente que no sería la vía más efectiva toda vez con el PDA de  por medio, los 5.000 millones que comprometió la Alcaldía en vigencias futuras de todas formas dejarían de entrar a las arcas del municipio y problema seguiría para nuestros usuarios; es muy importante que se evalúe por medio de la comisión accidental del PDA, los siguientes temas:

El primero la priorización de las obras civiles para ampliación y calidad del servicio para los sectores como la Frontera, los Mangos, la Carrera 5, entre otros que no han sido priorizados por el Plan Departamental de Aguas, el segundo, la atención con calidad para los usuarios que en el municipio ya son más de 10.000, y, el tercero las garantías de defensa para ellos dentro del Contrato de Condiciones Uniformes de los nuevos operadores. Tenemos que marchar en procura de la justicia y la solidaridad para solucionar la problemática local de los SPD. JHON JAMES MARÍN PATIÑO Concejal Comisión Accidental Plan Departamental de Aguas.

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